Los intentos desesperados del Gobierno por controlar la composición del Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial nos han llevado a una profunda crisis institucional que ha despertado todas las alarmas en la Unión Europea. Las prisas de Sánchez no obedecen a un interés sincero por desbloquear una situación enquistada desde hace años. En realidad, obedecen a que necesita cambiar la composición del Constitucional para satisfacer las demandas de sus socios separatistas que, en el caso de ERC, exigen "desjudicializar" el proceso secesionista y acabar con la presión judicial para aplicar en Cataluña las sentencias que obligan a impartir un mínimo del 25% de las clases en lengua española. Esa, y no otra, es la razón de tanta urgencia.
La operación urdida por Sánchez y sus socios, que incluye reformas legales ad hoc para suprimir competencias del CGPJ y tratar de renovar parcialmente los órganos que les interesan, ha obligado a intervenir a la Comisión Europea, que exige taxativamente acabar con este mercadeo infame y despolitizar definitivamente la Justicia española, la más intervenida de toda la UE. El desprestigio institucional provocado por Sánchez es tan profundo que las autoridades europeas han puesto una fecha límite para eliminar la tutela partidista que sufre la Justicia en España: en todo caso, ha de ser antes de que Sánchez asuma la presidencia rotatoria de la UE.
Este es el contexto que explica las prisas del Gobierno por iniciar una nueva ronda de contactos con el principal partido de la oposición, que ayer mismo dio sus primeros pasos con el encuentro de Sánchez y Feijóo en el palacio de La Moncloa.
Según las declaraciones ofrecidas por el PP tras la reunión, el Gobierno quiere un acuerdo para la renovación de los órganos judiciales y, posteriormente, abordar la reforma estructural de un sistema viciado que ya hace aguas por todos lados. Como ni Feijóo ni su portavoz, González Pons, han sido taxativos rechazando esta fórmula espuria planteada por el Gobierno, cabe pensar en la posibilidad de que los populares acaben transigiendo con las exigencias de Sánchez, lo que constituiría, con seguridad, el error más grave de Núñez Feijóo al frente del PP.
En primer lugar, porque nadie en su sano juicio puede confiar en la palabra de Pedro Sánchez. Su trayectoria política, forjada desde sus inicios en la deslealtad y la mentira, es suficientemente explícita para no confiar en que cumplirá su palabra una vez conseguidos sus objetivos, que es justamente el planteamiento que el Gobierno ofrece a los populares.
Lo que dice la Constitución y exige la UE no es un nuevo cambio de cromos, como proponen los socialistas, sino una reforma profunda y definitiva del sistema judicial español que acabe con su sometimiento actual a los partidos políticos. Es decir, primero cambiar el sistema de elección y, más tarde, aplicarlo en la renovación de los órganos pendiente; no al revés.
Pero es que, de aceptar la propuesta de Sánchez de abordar de inmediato la renovación del CGPJ y el TC, Feijóo estaría dando la razón al Gobierno, que lleva meses afirmando que la paralización de la Justicia es responsabilidad exclusiva del líder popular.
El PP no puede abordar estos encuentros como una cortina de humo para introducir cambios cosméticos que perpetúen en esencia la politización de la Justicia. Feijóo se juega en este asunto gran parte de sus posibilidades para llegar a La Moncloa al frente de un proyecto creíble en el que la mayoría de los españoles pueda confiar.