El presidente de la Generalidad ha confirmado el obsceno enjuague arbitrado por el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC para eliminar el español de la enseñanza obligatoria de Cataluña. Si hoy los niños de la región no reciben ni siquiera un 25% de las clases en el idioma español se debe a que Pedro Sánchez prometió no recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la nueva ley de política lingüística en la enseñanza aprobada por los separatistas para sortear la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), cuyo fallo indicaba ese mínimo porcentaje de español en las escuelas catalanas.
Si el Gobierno hubiera acudido al TC en defensa de los derechos de las familias que piden clases de español y en español para sus hijos en Cataluña, la chapuza jurídica contra la inclusión de porcentajes de idiomas en los proyectos lingüísticos de las escuelas habría quedado en suspenso y se podría haber ejecutado la sentencia del TSJC.
Sin embargo, tal como ha relatado con indisimulado orgullo Aragonès, el Gobierno de Sánchez se avino de entrada a respaldar la estrategia de los separatistas en la "mesa de diálogo" celebrada a finales del pasado mes de julio. Tal estrategia consiste en despreciar las sentencias y aplastar los derechos civiles y lingüísticos de una gran parte de los ciudadanos de Cataluña cuya primera lengua es el español. Sánchez, el PSOE y su sucursal catalana, el PSC, son algo más que cómplices de las barbaridades lingüísticas del separatismo, de la exclusión del español en los espacios públicos y en las aulas, de la marginación y señalamiento contra las familias de los niños que reclaman una enseñanza al menos bilingüe, en la que el español no sea considerada una lengua extranjera. Y ese señalamiento también se practica contra los propios niños en los colegios con el amparo y el impulso de las autoridades separatistas.
Sánchez y su partido, tanto en Cataluña como en el resto de España, son los culpables de la discriminación que sufren decenas de miles de familias; culpables del mantenimiento de la inmersión lingüística, ese tortuoso experimento sociológico cuyo fin último es adoctrinar a los escolares en el odio a España para que renieguen de su nacionalidad en favor del catalanismo supremacista; culpables de que el español sea un idioma perseguido en Cataluña por las autoridades autonómicas y locales. Culpables, en definitiva, de una traición contra los derechos civiles de la ciudadanía de Cataluña.
Aragonès ha desnudado al jefe del Ejecutivo, un presidente dispuesto a menospreciar el idioma común de todos los españoles y contribuir a su erradicación en Cataluña y en las regiones de España con dos idiomas oficiales. De hecho, el PSC votó a favor de la nueva ley lingüística catalana para asegurar el apoyo de los republicanos catalanes al Gobierno, lo que "justifica" que el Ejecutivo no presentara recurso de inconstitucionalidad ante la aberración de impedir la enseñanza normal del español en Cataluña.
Hasta ahora, el Gobierno había conseguido mantener un tupido velo en relación a su política en Cataluña de favorecimiento del exterminio lingüístico y cultural de España, pero Aragonès no ha podido evitar presumir de que su primer gran acuerdo con Sánchez (indultos al margen) fue de orden lingüístico y contra los intereses y los derechos del conjunto de los españoles. Después vendrá la "desjudicialización" efectiva del golpismo, la amnistía encubierta y un referéndum de autodeterminación.