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Cuando por decir la verdad te sientan en el banquillo

Sirva este editorial en defensa de la memoria, dignidad y justicia de todas las víctimas del FRAP, como las de cualquier otra organización terrorista.

La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha acudido este miércoles al juzgado número 3 de Zamora para ser juzgada por decir en el Congreso que Pablo Iglesias es "hijo de un terrorista", en alusión a la no supuesta, sino probada, militancia en la organización terrorista FRAP del padre del ex vicepresidente del Gobierno. En este sentido, no le falta un ápice de razón a la diputada popular al considerar como símil que acudía al juzgado "a declarar que la tierra es redonda", pues una de las muchísimas locuciones latinas que existen en Derecho es, precisamente, la de Exceptio Veritatis, según la cual nadie puede ser condenado por un delito de injuria o de calumnia si lo que el acusado ha dicho de otra persona es verdad. En este sentido, que Álvarez de Toledo llamara a Pablo Iglesias "hijo de un terrorista" es un hecho tan cierto como que Pablo Iglesias es, efectivamente, hijo de Francisco Javier Iglesias Pelaéz, cuya militancia en la organización terrorista no sólo es también un hecho cierto y probado sino reiteradamente admitido por su propio hijo, tanto en medios de comunicación —véase Publico— como en Twitter. En este sentido, no es de extrañar que hasta un organismo tan dependiente del Gobierno como la Fiscalía haya desestimado la demanda contra la diputada popular.

Y es que el deplorable y no menos probado hecho de que el exvicepresidente de Gobierno jamás se haya referido al FRAP como lo que fue, una organización terrorista; o no se haya lamentado nunca sino que haya llevado a gala siempre la militancia de su padre en esta banda criminal; o el hecho no menos probado de que Pablo Iglesias jamás haya condenado uno solo de los crímenes perpetrados por los compañeros del FRAP de su padre lo que evidencian es su bajeza moral, rayana —esa sí— en un posible delito de enaltecimiento del terrorismo, pero que no demuestra en ningún caso la responsabilidad penal de Cayetana Álvarez de Toledo por delito alguno.

Así las cosas, lo único que cabe lamentar, además del hecho de que Alvarez de Toledo haya tenido que molestarse en comparecer por una acusación que debía haber sido desestimada de raíz, es que personas con la bajeza moral de no lamentar ni condenar la existencia de una organización terrorista felizmente extinta como el FRAP se permitan dar lecciones de democracia o hayan ocupado cargos de gobierno tan importantes como el que ocupó Pablo Iglesias. Valga, al menos, este editorial para resarcir la memoria, la dignidad y la justicia que merecen todas las víctimas del FRAP, como el resto de las víctimas de cualquier otra organización terrorista.

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