Nadie esperaba que socialistas y comunistas fueran a reconocer abiertamente el clamoroso error que ha constituido la llamada Ley del "sólo sí es sí", auténtico bodrio jurídico cuyas nefastas consecuencias van, por cierto, mucho más allá que la ya de por si criticable revisión a la baja de muchas penas por los delitos que supuestamente pretendía castigar con mayor severidad. Aun así, ante la avalancha de solicitudes de revisión de sentencias que ya ha provocado este engendro jurídico, y que ya ha facilitado nueve rebajas de condenas y tres excarcelaciones, si se podía confiar en que el Gobierno socialcomunista, un poco en la línea de lo manifestado el martes por la vicesecretaria del PSOE, Maria Jesús Montero, admitiera, al menos, la necesidad de revisar y modificar este aspecto de la ley que ha demostrado tener efectos opuestos a los que teóricamente buscaba.
Este miércoles, sin embargo, la ministra de Igual da, Irene Montero, y los representantes de Podemos, no sólo han mantenido las descalificaciones contra los jueces que hiciera un día antes la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, sino que las han elevado tildándolos de "machistas" o de "fachas", acusándolos incluso implícitamente de prevaricación judicial al acusarlos de "incumplir la ley".
Ante tanto exabrupto, no es de extrañar que el Consejo General del Poder Judicial haya tenido que emitir un duro comunicado denunciando los, ciertamente, "intolerables ataques" a los jueces por parte de la ministra Montero, quien ha demostrado por enésima vez que su atrevida ignorancia solo es comprable a su ofensiva arrogancia. Es más, hasta la muy progresista Asociación de Jueces para la Democracia, de la que fue portavoz Victoria Rosell, ha tenido que salir al paso con otro comunicado en el que tachan de "muy desafortunadas e inapropiadas" las declaraciones de Igual da y en el que considera que el hecho de que este Ministerio no haya previsto esa consecuencia de revisión a la baja de las condenas "no justifica que se arremeta contra los jueces/zas tachando sus decisiones como 'justicia machista' o considerando que se trata de una aplicación defectuosa de la ley".
Con todo, lo más grave han sido las declaraciones del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, quien, sin el menor propósito de enmienda, ha elogiado el entuerto jurídico de Montero calificándolo de "gran conquista feminista" y "ley de vanguardia". Haciendo suyo el discurso de Igual da que sitúa el problema no en la ley sino en la interpretación que de ella hacen los jueces machistas, Sánchez espera que sea el Supremo y la Fiscalía los que creen una jurisprudencia y "unifiquen una doctrina".
No nos cabe duda de quién depende lamentablemente la Fiscalía, como también sabemos de que Sánchez no renuncia a un apaño con el PP para hacerse con el control del CGPJ y de los más altos tribunales. Sin embargo, ¿hasta dónde pretende llegar Sánchez con tal de sostenella y no enmendalla"? ¿A qué delirante uso alternativo del derecho pretende que recurran la Fiscalia y el Supremo? ¿Pretende acaso que ignoren los limites máximos de prisión que ha rebajado la propia ley Montero? ¿O pretende acaso que la Administración de Justicia deje de someterse a un principio elemental como es el de la retroactividad de la ley penal más favorable, señalada en el artículo 2.2 del Código Penal?
Lo que es evidente es que la pretensión de someter al Poder Judicial por parte del poder Ejecutivo es el más grave riesgo que padece nuestro país por mucho que el principal partido de la oposición, demasiadas veces, no parezca ser consciente de ello.