La Ley Orgánica de garantía de la libertad sexual, más conocida como "ley del solo sí es sí", es el penúltimo bodrio de la factoría legislativa del Gobierno socialcomunista, un engendro delirante cuya primera consecuencia práctica son las rebajas de pena e incluso excarcelaciones de criminales sexuales condenados con el antiguo Código Penal en lo relativo a abusos y violaciones. Es lo menos que se podía esperar de una nueva ley en la que se destilan máximas jurídicas tan elevadas como el eslogan que proporciona su alias a la norma, ese rotundo "solo sí es sí" o el críptico "si entiendes las criptomonedas puedes entender el consentimiento".
La aplicación de semejante disparate es un chollo para los delincuentes sexuales. A los jueces no les queda más remedio que dar curso a los recursos de los defensores de estos criminales mientras los grupos que aprobaron el desaguisado no corrijan los coladeros que dejan a las víctimas, muchas de ellas menores, en la más absoluta indefensión, al tiempo que otorgan a los desalmados imprevistas ventajas de orden penal. ¿Imprevistas? No del todo.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advertía en el preceptivo informe previo a la aprobación de la ley impulsada por Irene Montero, la ministra de Igualdad, de la posibilidad de que decenas, sino cientos, de delincuentes sexuales se acogieran a la rebaja de penas prevista en la chapuza legal. Pero claro, la ministra y sus colaboradoras se abanicaron el arco del triunfo con los legajos de los magistrados en un alarde de insumisión y rebeldía feminista contra el heteropatriarcado togado. La sororidad en acción.
Constados los nefastos efectos de la norma, doña Irene Montero, y su delegada contra la "violencia de género", la también juez Victoria Rosell, han arremetido contra los jueces, que son unos carcas machistas y deberán pasar por el preceptivo adiestramiento en "perspectiva de género" para interpretar las leyes a la luz de la teorías sobre el consentimiento, la intimidación o el abuso de autoridad que preconizan estas señoras. Así que la culpa es de sus señorías. No de ellas, ellos y elles, sino los malvados jueces cuyo único propósito es dejar en la calle a los depredadores sexuales con cualquier excusa machirula de señoro.
En la ecuación no se incluyen las declaraciones de doña Irene relativas al consentimiento de los menores, que según la ministra están capacitados para consentir y disfrutar de los accesos carnales como un derecho inalienable. Ni la empanada mental, por ser respetuosos, de la ley trans. Como cada día tiene su afán, estos genios están ahora embarcados en cargarse el delito de sedición, borrar el golpe de Estado separatista de otoño del 17 y en reformar la malversación para que sólo sea delito si la pasta se utiliza para irse de picos pardos. Dan ganas de que vuelvan a ganar las elecciones para ver hasta dónde son capaces de llegar. Y ojo, que nadie descarte a Irene Montero como candidata de Podemos en las próximas generales.