Yo, ingenuo, era de los que creían que, dado el predominio de jóvenes en el gobierno del señor Sánchez, estaban en período de aprendizaje, y de ahí las confusiones, los desafueros, las aprobaciones contrarias a los propósitos publicitados, etcétera, y que sería prudente dar un margen para el aprendizaje, terminado el cual dejaría paso a la racionalidad y a la coherencia.
Ahora reconozco que mi tolerante apreciación, y su razón de ser, eran un vano deseo, como español que pretendía lo mejor para todos. Hoy afirmo con rotundidad que no tiene remedio. Y no lo tiene porque su objetivo nunca ha sido gobernar según democracia, es decir, en un marco legal, respetando las decisiones de los Tribunales y, en última instancia, respetando la verdad.
Todo eso, de lo que nadie duda en los países democráticos, se rechaza, por vía de los hechos, por un Gobierno que, elegido –bien o mal– democráticamente, rechaza la legalidad que la democracia se dio para su correcto funcionamiento.
En la España de Sánchez, la verdad es una rareza o una extravagancia. Se miente por activa y por pasiva; los datos estadísticos han dejado de informar, porque no representan nada; si alguien lucha por defender la verdad, pronto será sustituido por otro de entre los fieles que, sin vergüenza, se venden a sí mismos por un plato de lentejas; algo así como narra la Biblia que hizo Esaú, vendiendo su primogenitura a Jacob, por un plato de lentejas [Génesis 25 29-34].
En España, nada significa lo que realmente es. La Administración se ha convertido en refugio de parientes, parejas... La malversación se pretende condicionar al beneficio del malversador –beneficio monetario, que es lo que están pensando, o en especie– pero se desprecia el daño que se le hizo a quien iban destinados los recursos malversados, que nunca cumplieron su propósito. La fechoría se basa en que hay malversadores que pertenecen a quienes sostienen al Gobierno, teniendo que protegerlos, porque son votos.
En España, en paro, o desempleo, no están todos los que no desempeñan actividad productiva alguna, sino que, según opiniones del Gobierno, el paro es un sentimiento, por eso, si le llamamos fijo discontinuo, aunque la discontinuidad (inactividad) sea de trescientos días al año, el sentimiento es de estar activo, razón suficiente para no contabilizarle como parado.
El problema será cuando éste (el discontinuo) trate de comprar en el supermercado pagando con sentimientos. O sea que, por una causa u otra, olvídense de las estadísticas nacionales, si quieren saber qué pasa. La verdad ha sido sustituida por un lema: rodeémonos de adictos y hagamos lo que nos venga en gana, sin consideración a leyes –pues las cambiaremos–, ni a lo que digan los jueces, porque no son eternos y existen los consensos.
¿Separación de poderes? No lo dirán por el espacio entre el ejecutivo y el legislativo. Los rasgos son claramente identificadores de las dictaduras de hecho, hasta tanto puedan serlo de derecho. ¿Preparados…?