Barones y baronesas socialistas han estado inquietos estas semanas por si podían recibir en su noble trasero la patada dirigida a su líder Pedro Sánchez en las elecciones por venir. La preocupación venía por los procelosos asuntos que concentró el Gobierno en la recta final del año como si confiara, eso parecía, en que ciertos eventos y ciertas fechas señaladas segregaran el dulce narcótico del olvido antes de pasar la página del 2022. Pero a estas horas ya estarán tranquilos y despreocupados. Los barones y baronesas no han tenido ni que esperar a las doce uvas para ver si se tragaban con la misma rutina y facilidad los sapos del sí es sí, la sedición y la malversación, por citar sólo unos cuantos. Porque desde el epicentro de la sapiencia política, es decir, desde La Moncloa, les han asegurado que ninguno de los desaguisados allí cocinados y luego aprobados van a pasar factura.
Las dudas de los acongojados dirigentes autonómicos quizá no hayan quedado del todo despejadas. Es posible que no acaben de creerse ese gratis total que vaticina Moncloa. Pero la cuestión más importante no atañe ni a la tranquilidad ni a la credulidad de quienes tendrán que pasar la prueba de las urnas en mayo. Lo importante, y también lo insólito, es que un acto de Gobierno se dé por bueno sólo o principalmente porque no tiene coste político. Y esto es lo que está diciendo Moncloa a través de sus mensajes a los barones: no os preocupéis por esta y aquella decisión, que por malas que os parezcan, no pasarán factura. No importa nada más que si tiene o no tiene coste. Si beneficia a quienes no debe beneficiar, si perjudica al interés general, si lesiona el principio de legalidad, si puede desencadenar efectos políticos desastrosos, no importa. No hay que valorar nada de eso. Lo único que hay que valorar de una decisión gubernamental es si resta votos. Sólo eso.
El criterio es simple y amoral. Es un criterio que permite hacer cualquier cosa. El único límite se pone en la reacción del electorado, y a futuro. Los otros límites, los que existen en una democracia liberal, se hacen límites traspasables. Y se los intenta traspasar, como acaba de ocurrir. Con este criterio, cualquier acto de Gobierno, por pésimo, estúpido, corrupto o nefasto que sea, será impecable si se puede alegar que no ha tenido coste político. Sin otra vara de medir que ésta se puede hacer de todo sin rendir cuentas a nadie, porque la existencia del coste y a cuánto asciende son asuntos inciertos y discutibles. En cualquier caso, tiene su aquel, un aquel sarcástico, que a los únicos a los que no se les pasan facturas en España sean al Gobierno y al partido de Pedro Sánchez.