Pedro Sánchez no puede disimular su satisfacción. En un frenético mes de diciembre ha obtenido gran parte de sus propósitos en el asalto al Poder Judicial y a la misma jefatura de Estado. No hay más que ver la guerrera que lucía en su visita a las tropas españolas en Líbano. Que hiciera esperar al Rey con ocasión del desfile militar de la Fiesta Nacional no fue un acto involuntario y aislado. Los desplantes de Sánchez a Felipe VI forman parte de un medido despliegue de gestos y actitudes cuyo fin es socavar la presencia y el peso de la Corona.
Casi nada es fruto del azar en el desempeño del líder socialista, cuyo auténtico programa de Gobierno consiste en desmontar todas las piezas de la arquitectura institucional erigida en la Transición. Zapatero emprendió esa senda y Sánchez está a un paso de concluir el derribo del Estado y la separación de poderes. El sesgo autoritario del presidente del Gobierno es ya una evidencia que nos advierte del grave riesgo de la democracia en España.
En el asalto al Poder Judicial ya ha conseguido Sánchez tomar el Tribunal Constitucional, cuyos magistrados "progresistas" tienen el encargo de validar maniobras del Gobierno como la amnistía a los golpistas catalanes por la vía de eliminar la sedición y rebajar la malversación, las leyes separatistas que marginan el idioma español en la enseñanza catalana, los cambios en el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y leyes como la de educación de Isabel Celaá, la de la eutanasia o disparates surgidos de la fábrica de los horrores legislativos podemitas como la ley de los violadores o la ley Trans, entre muchas otras cuestiones.
Asistimos a lo que se puede definir sin amago de duda como un golpe de Estado. No es extraño, pues, que el sanchismo haya convertido el Congreso de los Diputados y el Senado en extensiones del parlamento catalán golpista. No de otra forma se podría haber aprobado una reforma como la del Código Penal más que atropellando los derechos de la oposición y poniendo al Tribunal Constitucional contra las cuerdas en una crisis institucional de más calado que la asonada separatista de otoño de 2017.
El proceso de cambio de régimen es tan evidente y palmario que empieza a cobrar cuerpo la posibilidad de que Sánchez utilice resortes inéditos en la historia de la democracia en España para retener el poder. Lo que ha ocurrido a lo largo de este 2022 y especialmente en las últimas semanas muestra el desprecio del líder socialista por los cauces legales, las leyes y los contrapesos institucionales. Va a por todas y cada vez más al descubierto y si alguien cree que Sánchez dice la verdad cuando niega que vaya a ver un referéndum en Cataluña no tiene más que repasar la hemeroteca para advertir que miente con contumacia, además de con desparpajo y una asombrosa arrogancia.
Los estrategas socialistas están convencidos de que el pacto con los golpistas se habrá olvidado cuando se celebren las elecciones municipales y autonómicas del próximo mayo. Y que será algo así como la prehistoria más ignota cuando se convoquen las próximas elecciones generales. Es curioso que quienes sacan a pasear los restos de Franco y quieren arrasar el Valle de los Caídos con el alegato de que los españoles tienen fresca en la memoria la Guerra Civil y el franquismo y hay que reparar a las víctimas sean los mismos que sostienen que los ciudadanos habrán hecho tabla rasa de las tropelías perpetradas por Sánchez y sus socios en los últimos tiempos, desde los indultos y la amnistía a los golpistas hasta la suelta de violadores, la rebaja de la malversación para favorecer a los corruptos socialistas o la ley de castración de los adolescentes, también llamada ley Trans. Los mismos también que prefieren combatir la violencia contra las mujeres con soflamas de género y golpes de pecho en vez de con leyes en condiciones, jueces y medios policiales.
A Sánchez le quedan muchas palancas todavía por accionar y no está escrito que vaya a detener las operaciones para derrumbar el Estado por los posibles costes electorales que eso pueda tener en las municipales y autonómicas. Su agenda está por encima de todo y se distingue por tapar escándalos con más escándalos.
Entregó el Sahara sin haber rendido cuentas aún de una decisión que no se explica salvo que medie chantaje marroquí. Se sumó a la Generalidad en la persecución del español en Cataluña, se ha pulido la sentencia del Tribunal Supremo sobre el golpe separatista destrozando el Código Penal y ya tiene el Tribunal Constitucional en sus manos para blanquear el cambio de régimen y tumbar la Constitución desde dentro.