Las últimas encuestas realizadas coinciden en señalar un fuerte varapalo a Pedro Sánchez, cuya gestión este pasado año se ha caracterizado por tensionar hasta extremos inauditos el funcionamiento normal de las instituciones democráticas. El electorado estaría castigando con dureza las maniobras fraudulentas del Gobierno para satisfacer las exigencias del separatismo, la operación finalmente exitosa para hacerse con el control del Poder Judicial o la aprobación de siniestros disparates legislativos como la conocida como ley de solo sí es sí.
Esta auténtica ofensiva para llevar a cabo un cambio de régimen desde el poder, operación iniciada por Zapatero que Sánchez está a punto de culminar, se produce en el contexto de una fuerte crisis económica, que está golpeando severamente a las familias con las rentas más bajas y poniéndolas en una situación que en nada van a aliviar los nuevos subsidios de tinte peronista implantados por el Gobierno de cara a este ejercicio.
Pero más allá de la amenaza de recesión económica y las subidas exponenciales de la presión fiscal, dos factores consustanciales al socialismo cada vez que llega al poder, lo que se dirime en estos momentos es si España va a sobrevivir al sanchismo podemita manteniendo viva la obra de la Transición. Es evidente que todo Gobierno está legitimado para ordenar su gestión política de acuerdo con sus ideas programáticas, pero la acción del Gobierno de Sánchez en esta legislatura ha sobrepasado todos los límites que la democracia impone a los gobernantes como elemento fundamental para garantizar su vigencia y preservar los derechos individuales de los ciudadanos.
Con Sánchez y su Gobierno socialcomunista ya no se dirimen cuestiones habituales en cualquier país democrático al uso como los errores y aciertos de la política económica, el funcionamiento de los servicios públicos, la posición común en asuntos internacionales o los frutos de determinada normativa estatal. Como fiel continuador de Zapatero, Sánchez ha decidido tensionar hasta el límite las costuras de nuestro sistema constitucional, imponiendo una agenda sectaria que amenaza con llevar la política nacional a un punto de no retorno. Para ello es necesario hacerse con el control de los órganos encargados de ejercer de contrapeso a los excesos del Ejecutivo y, por supuesto, socavar la figura del Rey, garante último de nuestro sistema de libertades y la referencia fundamental para salvar momentos dramáticos como los vividos durante la intentona golpista catalana, cuando el resto de las instituciones, con el Gobierno de entonces a la cabeza, competían en ineficacia y banalidad. Sánchez está en esta operación, con la ayuda de sus socios, y todo hace indicar que está decidido a llegar hasta el final.
Por todo ello, la oposición no puede cometer el error colosal de afrontar las elecciones previstas para este 2023 como si fueran simples citas con las urnas, donde los ciudadanos examinan el grado de acierto de los gobernantes que comparecen para rendir cuentas de su gestión. Estas próximas elecciones autonómicas, municipales y generales no van de eso. Lo que se va a dirimir en este año que acaba de comenzar es si el pueblo español será capaz de recuperar a tiempo la democracia, amenazada por las imposiciones ilegítimas de un Gobierno enfeudado con los principales enemigos de nuestra Nación.