A estas alturas son casi doscientos (y subiendo) los delincuentes sexuales beneficiados por la Ley Montero, más conocida como la "ley del sí es sí". El nombre oficial de la norma según el Boletín Oficial del Estado es "Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual". Sí, de la libertad sexual. Lo que no aclara el enunciado es si esa libertad se refiere a las víctimas o a los violadores y pederastas. Eso queda claro en la letra pequeña, que es la que explotan los letrados de los "victimarios" para conseguir rebajas de pena o directamente las excarcelaciones de sus clientes violadores y pederastas.
Han pasado ya algunas semanas de la entrada en vigor de la citada ley y el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos se niega a rectificar y atender a las súplicas de las mujeres amenazadas por la rebaja de penas y suelta de violadores de la que se carcajean en el Ministerio de Igualdad. Perfecto. Las críticas de mujeres que desempeñan altos cargos con el PSOE son una mera cortina de humo. ¿Dónde están las dimisiones de las corajudas socialistas que se manifiestan en el Twitter contra la ley, contra Irene Montero y contra su secretaria de Estado de Igualdad?
El Gobierno no tiene en sus previsiones reformar la chapuza jurídica y no es de extrañar. Hablamos de personajes que han expresado en público que si las relaciones sexuales con menores son "consentidas" por los menores no hay delito posible. Está claro. ¿Qué parte del "solo sí es sí" no se entiende? Y ahí da igual que se tengan nueve o trece años para decir "sí". Pista para los pedófilos.
La misma insensatez rige respecto a la última reforma del Código Penal, la que elimina el delito de sedición y abarata el de malversación para amnistiar a los separatistas indultados o fugados que perpetraron el golpe de Estado de 2017. Ahora dice el Gobierno por boca de la ministra María Jesús Montero que tal reforma pretende que Puigdemont responda por sus graves delitos ante el Tribunal Supremo. Y es más, la Fiscalía y la Abogacía del Estado enmiendan al magistrado Pablo Llarena, el instructor del caso, y exigen que pida la extradición de los prófugos no sólo por la malversación agravada y desobediencia, sino por el delito de "desórdenes públicos agravados", como si el golpe de Estado hubiera sido una algarada para evitar un desahucio.
La maniobra es obvia. El Gobierno de Pedro Sánchez pretende que la orden de búsqueda y captura de Llarena sea rechazada por los tribunales europeos, ya sean belgas o de la Unión Europea, con el argumento de que no se puede atribuir a los golpistas un delito que no existía en 2017. El magistrado Llarena no ha caído en la trampa. Derogar la Constitución Española no fue un delito de desórdenes en ninguna de sus acepciones, aunque hubo (y hay) muchos desórdenes en Cataluña. No. Lo que hizo el gobierno de la Generalidad fue mucho más grave. Fue rebelión, delito que todavía consta en el Código Penal pero que la sala segunda del Tribunal Supremo presidida por Manuel Marchena decidió cambiar por el más leve cargo de sedición para satisfacer las indicaciones del Ejecutivo socialista.
El Gobierno e incluso la ministra María Jesús Montero saben que ningún tribunal europeo extraditará a Puigdemont por "desórdenes públicos agravados", invento de Sánchez y Junqueras al que ha dado forma el fontanero Bolaños para amnistiar a los golpistas. Pero en año electoral, el primero no se puede permitir que se note la intención, por lo que ha dado vía libre a la Fiscalía y la Abogacía del Estado para que parezca que su propósito sea sentar en el banquillo a Puigdemont. Saben de sobra que ningún tribunal europeo les comprará la bacalada. Es un brindis al sol para salvar la cara. Igual que lo de las feministas del PSOE con la libertad sexual de los violadores.
La intención es otra. A nadie más que al PSOE conviene extender la idea de que los jueces son unos fachas que interpretan las leyes a su bola. Eso ha quedado meridianamente claro en cuanto el nuevo presidente del Tribunal Constitucional, el "progresista" Conde-Pumpido, ha designado a la también "progresista" Laura Díez para redactar la ponencia del órgano sobre el decreto y la ley catalanas en contra del 25% de enseñanza en español en los colegios catalanes. ¿Y quién es Díez? La que en calidad de vicepresidenta del "Consejo de Garantías Estatutarias" de la Generalidad catalana firmó dos dictámenes que decían que las normas de la Generalidad y del PSC-PSOE contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña avalada por el Tribunal Supremo eran de una constitucionalidad inapelable.
Son las primeras consecuencias del exitoso asalto a la Justicia de los socialistas. Habrá más. España es un paraíso penal para toda clase de delincuentes, como bien saben los etarras y las mafias internacionales que han hecho de nuestro país su base de operaciones.