El secretario general de la UGT se aburre. Él, un charnego llegado a Barcelona en 1975, que logró ser admitido en los círculos burgueses e independentistas, no se hace al "Madrid de derechas". Añora la zalamería de Muriel Casals, la presidenta de Òmnium Cultural, agradeciendo su apoyo por la campaña que los sindicatos activaron en marzo de 2014: "El mundo del trabajo por el derecho a decidir", lema acompañado de campanudas declaraciones: "Àlvarez no descarta una aturada [paro] de l’economia per defensar el dret de decidir".
Recuerda el gesto de Miquel Roca, que se desplazó a la sede de UGT de Rambla de Santa Mónica el 23 de junio de 2012, para reconocer la importancia del apoyo del sindicato al concierto fiscal: "Este cambio es muy importante porque traduce lo que podíamos llamar una reivindicación de clase en una reivindicación de país. Es el elemento más importante que se ha producido desde 1897, porque, hasta ahora, el pacto fiscal estaba asociado a una reivindicación burguesa". Tres meses después Artur Mas se lo exigiría al presidente Rajoy. Este se negó y comenzó la movilización independentista.
Pepe está en su mejor momento. Adulado por los próceres de un procés independentista que él legitima: "El proceso estatutario está absolutamente superado por la historia. Cataluña necesita una relación con España negociada y acordada o…, nos vamos" afirma el 4 de octubre de 2013 en el canal Amb Independencia.
Ha colocado a dos dirigentes de la UGT Catalana en el primer Gobierno de Puigdemont [enero de 2016]: Neus Munté y Dolors Bassa y dos meses después, el 12 de marzo, un sanedrín de sexagenarios le elige secretario general de la UGT de España.
Es lunes 14 de marzo de 2016, su primer día en la sede de la calle Hortaleza. Sentado en la poltrona del despacho que todavía huele a Cándido Méndez, a quien ha defenestrado en el Congreso Confederal del sindicato, recibe la llamada del presidente Puigdemont. Son las 17:15. A las 19 horas es Pedro Sánchez quien se persona. Mantienen una larga conversación. Al día siguiente Sánchez se reúne con Puigdemont en Barcelona. Pepe se ha convertido en Don Pepone.
Conoce a Otegui y se siente fascinado. En el Congreso de la UGT de Euskadi —12 de marzo de 2021— el dirigente independentista junto a la plana mayor de Bildu, escuchan a Álvarez: "Si queremos que, de verdad, la izquierda pueda marcar la pauta política en el Parlamento necesitamos a todas las izquierdas de todos los territorios". El secretario general de UGT padece una suerte de infantilismo izquierdista preconstitucional y quizá por eso no reparó en que estaba haciendo esa afirmación cinco días después de que sus compañeros del País Vasco recordaran la muerte de Isaías Carrasco. Sucedió el 7 de marzo de 2008 y fue el último afiliado de la UGT asesinado por ETA.
Pero Pepe se aburre. Amenaza con grandes movilizaciones y nadie le hace caso. Por primera vez, un ministro de Trabajo hace manitas con CCOO y él es el invitado. Ante quien lo quiere oír, malmete contra Unai Sordo [secretario general de CCOO] a quien describe como el chico de los recados de la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Se siente invisible y no lo soporta. Da un puñetazo en la mesa y decide hacerse ‘trumpista’: ¡Los españoles primero! "La UGT se va a oponer a la contratación de trabajadores en origen. Es no tener en cuenta y en consideración a las personas que están desempleadas en nuestro país… No vamos a permitirlo de ninguna de las maneras. La UGT hará una oposición militantemente contraria", advierte. Estas declaraciones, realizadas en un acto sindical el pasado 10 de enero, provocaron un lógico desconcierto en los Estados Mayores de la Superioridad Moral de la Izquierda.
Seguramente Pepe no recuerde que desde mediados de los años setenta del siglo pasado y hasta bien entrados los ochenta, cerca de 70.000 trabajadores españoles acudían a la vendimia en Francia. Vivían en unas condiciones lamentables. Antes de que comenzase la Campaña de la vendimia, la UGT, que en esos años hablaba poco y hacia lo que podía, intentaba facilitar los trámites burocráticos que se les exigían a los vendimiadores. Que los reconocimientos médicos, permisos, pasaportes, se gestionasen en España. Con Renfe organizaba el convoy. Con las autoridades de emigración francesas acordaba la distribución, en los lugares de partida de los trabajadores, de los contratos para evitar aglomeraciones y esperas en Figueras. Con los sindicatos franceses CFDT y FO la retribución de los jornaleros y la dignidad de su alojamiento. Esto es, contribuía a organizar la contratación en origen. Lo contrario era llegar sin derechos, sin protección, en patera ¿Usted lo prefiere así? Y sabe un detalle, que no es menor: el sindicato no recibía dinero público para hacer ese trabajo. Lo pagaba con sus recursos.
No contento con ese ‘trumpismo’ sobrevenido, Álvarez arremetió contra los trabajadores de los servicios públicos de empleo: "¿A cuántas personas las ha llamado un orientador de los Servicios de Empleo, les ha hecho el ‘curriculum’ y les ha dicho fórmate para trabajar en la construcción, fórmate para trabajar de gruero, fórmate para trabajar en las residencias de mayores, fórmate para trabajar en diferentes sitios. No se está tratando el desempleo desde una perspectiva global". Si ustedes se preguntan qué es eso de "tratar el desempleo desde una perspectiva global" y no encuentran una respuesta convincente, no se preocupen, Pepe tampoco lo sabe.
El secretario general de la UGT debería recordar que hay palabras que tiene expresamente prohibido mencionar en público: cooperativa de viviendas es una y otra es formación. El pasado 29 de diciembre se conocía el acuerdo alcanzado entre la Junta de Andalucía y la UGT de esa Comunidad, por el cual el sindicato se obliga a devolver 36 millones de euros —en cómodos plazos, porque si no echa el cierre— de los 66 millones que la Junta consideraba no justificados en materia de formación. En paralelo a estas reclamaciones "se inició otra investigación penal que va a sentar en el banquillo a la antigua cúpula de la central por un supuesto fraude que el juez cuantificó en 40 millones de euros y que afecta a ayudas concedidas por la Junta para cursos de formación", ampliaba la noticia.
Unos meses antes, en diciembre de 2021, el Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo condenaba al exsecretario general de la UGT de Asturias, Justo Rodríguez Braga, a una pena de dos años y diez meses de prisión y el abono de 586.000 por fraude en las subvenciones destinadas a cursos de formación. El dinero que el juzgado reclama al resto de condenados y al propio sindicato socialista supera el millón de euros. Son solo dos casos de lo sucedido con las multimillonarias cantidades para formación que se derrocharon desde que el 1 de enero de 1993 entrase en vigor el Primer acuerdo tripartito en materia de formación continua.
‘Trumpista’ por unos días, pase, pero hablar de formación es mentar la soga en casa del ahorcado.