El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ya ha dado sobradas muestras del sesgo al que pretende someter a la institución que es el intérprete último de la Constitución de 1978. El ordeno y mando al más puro estilo autoritario y la anulación de todo tipo de debate en el seno del Constitucional son el santo y seña del nuevo mandato. El asalto al Tribunal Constitucional por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y con exfiscal general socialista a modo de ariete aventura tiempos duros marcados por el desprecio por las más elementales formas jurídicas y democráticas.
Al menos cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, empezando por su presidente y siguiendo por el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, deberían haber sido apartados de la discusión sobre el recurso contra la ley del aborto de Zapatero debido a sus cargos pasados. Pero eso no ha supuesto impedimento alguno para que a las primeras de cambio Conde-Pumpido haya aplicado el rodillo.
A las puertas de una nueva ley del aborto, el rechazo al recurso contra la norma que fenece sólo tiene un significado y es el de mostrar músculo, sacar pecho y avisar a la oposición de que el Tribunal Constitucional se va a convertir en una herramienta para poner el membrete constitucional en auténticos desatinos como la ley del ‘sí es sí’, la ley trans, las prácticas discriminatorias contra el idioma español en Cataluña y otras comunidades con dos lenguas oficiales, la reforma del Código Penal para favorecer a los golpistas y a los corruptos y, llegado el caso, validar la convocatoria de consultas separatistas en Cataluña y el País Vasco.
Al margen del fondo de la última decisión del TC sobre la ley del aborto, su inminente fecha de caducidad no ha arredrado a los magistrados denominados "progresistas" con Conde-Pumpido al frente. Había que demostrar quién manda en el Constitucional y cómo van a funcionar las cosas a partir de ahora. Se acabaron los tiempos del debate y el consenso, del respeto y la concordia.
En los próximos tiempos el Tribunal Constitucional tendrá que afrontar discusiones y decisiones sobre normas que afectan a la unidad de España, los derechos fundamentales de los españoles, sus libertades y la igualdad entre los ciudadanos con independencia de la región de España donde estén censados. Y el manejo de estas graves cuestiones queda en manos de una mayoría "progresista" cuya primera providencia ha consistido en un pronunciamiento perpetrado por quienes deberían haber sido recusados y apartados del debate porque en sus anteriores cargos ya se habían pronunciado al respecto y elaborado informes de validez. Esa ilegalidad sitúa al Tribunal Constitucional al margen de las más elementales normas jurídicas y procedimientos legales.
El daño causado al Tribunal Constitucional es inmenso y anticipa nuevos horrores y más errores con la batería de leyes ideológicas elaboradas por los últimos gobiernos socialistas y que ahora serán dadas por constitucionales sin más criterio o argumento que el del peso de la mayoría política que encarnan los magistrados designados por la izquierda. La demolición de las libertades y las garantías jurídicas está en marcha.