Los pagos del Fútbol Club Barcelona al vicepresidente de los árbitros de la liga española durante dos décadas a cambio de unas asesorías evidentemente ficticias deberían llevar a la fiscalía a emprender de inmediato la correspondiente investigación oficial. El mero hecho de que un club tenga en nómina a una autoridad que debe velar por la limpieza de la competición en la que participa es un delito suficientemente grave, incluso si la contraprestación esperada no se hubiera producido como absurdamente pretenden los que quieren dar carpetazo a este asunto. De hecho, el club catalán sí rentabilizó deportivamente los casi siete millones de euros pagados al dirigente arbitral, como lo demuestra el trato al club azulgrana en los despachos y la estadística de penaltis señalados a favor y en contra durante los años en que se pagó religiosamente la coima. Pero ni siquiera es necesario atender a las consecuencias prácticas de este acuerdo escandaloso. La simple constatación de su existencia debería llevar a la Federación, la Liga de Fútbol Profesional Liga y los clubes que la integran a exigir una sanción ejemplar.
Sorprende especialmente el silencio de los clubes de la LFP que, con la honrosa excepción del Sevilla y del Espanyol, han evitado hasta el momento pronunciarse sobre este asunto como si el escándalo no fuera con ellos. Sin embargo, la actitud tramposa del Barcelona durante décadas supone adulterar la competición que garantiza la supervivencia económica y deportiva de todos ellos, razón suficiente para que los otros 41 equipos que forman parte de la LFP actuaran con la contundencia que esperan los aficionados
Hay, además, una dimensión política que no se puede obviar en este escándalo, el más grave en la historia del deporte español. Por un lado, la Federación Española de Fútbol es una entidad que ejerce responsabilidades públicas delegadas, lo que le obliga no solo a mantener una actitud ejemplar en el desempeño de estas funciones sino también a perseguir cualquier sospecha de delito. Por otra parte, es indudable la relevancia del Barcelona en términos políticos, dada la voluntariosa identificación del club con las fuerzas separatistas catalanas, a cuyo servicio ejerce fungiendo de mascarón de proa en su proyecto secesionista. Eso también puede explicar el letargo cómplice de las autoridades deportivas españolas, que en cualquier otro caso ya habrían actuado con la máxima severidad.
El Sevilla C.F. y el RCD Espanyol de Barcelona son los únicos equipos que han denunciado este escándalo mayúsculo y han exigido responsabilidades a través de dos comunicados impecables, hechos públicos en el día de ayer. Los otros clubes, al parecer, prefieren ser cómplices de un gravísimo caso de corrupción que va a convertir al fútbol español en un apestado a escala mundial. Ellos verán.