A pesar del lenguaje diplomático y conciliador al que lógicamente están obligadas, las misiones del Parlamento Europeo que han visitado España para analizar tanto las políticas de Igualdad en nuestro país como la transparencia en la gestión de los fondos europeos no han podido ser más elocuentes al señalar las deficiencias que ofrece nuestro gobierno en ambos terrenos.
Si el lunes la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario de la Eurocámara, la alemana Monika Hohlmeier, ya trasladaba a puerta cerrada a la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, su extrañeza y preocupación por la rebaja del delito de malversación en España y el impacto que pueda tener en la protección del dinero europeo, este miércoles ha abandonado nuestro país alertando publicamente de que "es imposible seguir el rastro de los fondos hasta el beneficiario final" y confesando que se queda sin saber "ni qué región los ha recibido ni cómo ni el destino".
Por su parte, la jefa de la delegación europea de Igualdad, Elzbieta Lukacijewska, que iniciaba su visita confesando que "nunca he visto en Europa una situación como la generada por la ley del ‘solo sí es sí’", ha manifestado, tras reunirse con asociaciones, sindicatos, organismos judiciales y miembros tanto del Congreso de los Diputados y del Senado, así como con las ministras de Justicia e Igualdad, que urge que se solucionen las "lagunas" de dicha ley, pues "prácticamente todos con los que nos hemos reunido han alertado de los riesgos que se corren con esta ley y es difícil no reflexionar sobre esta problemática".
Teniendo presente que la rebaja del delito de malversación aprobada por nuestro gobierno se debe, al igual que la erradicación del delito de sedición, a que es el precio que el Ejecutivo ha tenido que pagar a sus aliados golpistas de ERC para respaldar los presupuestos, comprendemos que la ministra Calviño eludiera dar una respuesta a Hohlmeier cuando le pregunto el porqué de ese cambio legislativo respecto al desvío de fondos públicos. Lo que es evidente es que las inconcretas "medidas antifaude" con las que Calviño trató de tranquilizarla no han logrado convencer a la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario de la Eurocámara, que ha terminado por dejar en evidencia la misma opacidad en el empleo de los fondos públicos que alertaban desde hace tiempo la formaciones de la oposición en nuestro país.
En cuanto a la "problemática" que genera la "ley del sólo sí es sí", la jefa de la delegación europea de Igualdad, por muy diplomática que haya querido ser, no ha podido dejar de advertirla, ya no sólo porque "prácticamente" todos con los que se ha reunido la han denunciado, incluyendo el CGPJ, sino porque la única persona que no lo ha hecho es la responsable directa del bodrio jurídico, Irene Montero, que ha tenido la desfachatez de seguir acusando de la situación a los "jueces machistas". Eso, sin olvidar que apenas hay día que pasa que no se acreciente el número de rebajas de condenas de agresores sexuales, incluyendo excarcelaciones.
Y mientras tanto, el gobierno se dedica o a hablar de Pablo Casado o a confundir a los ciudadanos sobre lo que significa la expresión "gente de bien". Vamos, como para no alarmarse.