La Ley de Agricultura Familiar y Acceso a la Tierra aprobada por el PSOE de Castilla-La Mancha es un artefacto jurídico siniestro, que socava el derecho de propiedad en el territorio de esa comunidad autónoma. El artículo 29 de la ley, con la que el PSOE de Castilla-La Mancha ha echado el cierre a la presente legislatura, establece la necesidad de que los propietarios de fincas rústicas demuestren que están cumpliendo "la función social del uso de la tierra". En caso contrario, el Gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha podrá hacerse con el usufructo del terreno o decretar directamente su expropiación al más puro estilo chavista.
Aunque García-Page lo haya elevado al rango de ley, la llamada "función social del uso de la tierra" no es un bien jurídico protegible por las leyes, sino un pretexto ideológico fabricado por la izquierda para poner en manos del Estado la capacidad de decidir sobre la propiedad privada de los ciudadanos. La ambigüedad del concepto y su etérea conexión con la realidad facultarán al Gobierno de turno para ejercer todo tipo de arbitrariedades contra los bienes privados, dando pie a situaciones más propias de dictaduras socialistas caribeñas que de una región situada en el seno de la UE.
Además de lo anterior, la vocación totalitaria del Gobierno de García-Page llega a establecer incluso un censo de terrenos susceptibles de ser usurpados a sus dueños a través de la creación de un inventario de tierras infrautilizadas, catálogo discrecional donde los haya, al que irán a parar las propiedades de los ciudadanos de Castilla-La Mancha según el concepto de "infrautilización" que esgrima en cada momento el Gobierno regional.
La iniciativa de los socialistas castellano-manchegos es tan escandalosa y contraria a la Constitución Española y a las bases fundacionales de la Unión Europea, que el presidente del PP en dicha región ya anunciado su determinación de derogarla en caso de llegar al Gobierno tras las elecciones del próximo 28 de mayo. La decisión es completamente acertada y con una indudable proyección nacional, porque no se trata de una anécdota fruto de la deriva ultraizquierdista de una franquicia regional del PSOE, sino el reflejo del impulso totalitario iniciado por el Gobierno de Sánchez, cuyo socavamiento constante del principio de seguridad jurídica que debe regir el funcionamiento del Estado está convirtiendo a España en uno de los peores lugares para invertir y crear riqueza de toda la UE.