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Carmelo Jordá

Una cabeza de caballo en la cama de Ferrovial

El Gobierno está coaccionando a una empresa para forzarla a tomar una decisión empresarial en el sentido que le interesa políticamente al Ejecutivo.

El Gobierno está coaccionando a una empresa para forzarla a tomar una decisión empresarial en el sentido que le interesa políticamente al Ejecutivo.
Pedro Sánchez y Nadia Calviño en el Congreso de los Diputados. | EFE

El Gobierno está coaccionando y amenazando a una empresa para forzarla a tomar una decisión empresarial en el sentido que le interesa políticamente al Ejecutivo. Esto debería ser un escándalo mayúsculo y lo sería en cualquier democracia, incluso en esta, si no estuviésemos ya curados de espanto por la pandilla instalada en Moncloa, inmoral en cuatro de cada tres iniciativas que toma.

Sin embargo, pese a la anestesia que nos proporciona la costumbre y pese a que, como hasta cierto punto es lógico, acabamos no queriendo prestar toda la atención a todo porque si no esto es insoportable, deberíamos analizar un poco más a fondo lo que está pasando con Ferrovial.

Porque vista superficialmente la cosa puede parecer normal: el Gobierno tiene múltiples relaciones con las empresas –sí, demasiadas, pero ese ya es tema para otro artículo– y en ellas suele haber cartas, comunicados varios, leyes para aquí y para allá, presupuestos, obras públicas…

Pero lo que vemos aquí es ligeramente diferente, reconozco que puede parecer normal, pero no lo es, es más como esas escenas de las películas en las que unas personas, aparentemente clientes, entran en un negocio y también parece completamente normal, pero estos no van a comprar sino a exigir el pago de la "protección", a decirle al dueño de la licorería o la barbería qué tienen que hacer, a quién se puede admitir y, por supuesto, a dónde pueden llevarse o no sus negocios.

Son prácticas de la mafia o de señores feudales que le exigen a sus siervos de la gleba derecho de pernada y no moverse de sus dominios en su vida. Porque más allá de que la decisión de la Ferrovial nos pudiese gustar más o menos, una empresa o un particular tienen todo el derecho a gestionarse como mejor les parezca y, sobre todo, a instalarse donde les de la gana. ¿Quién son Sánchez y Calviño para decirle a nadie dónde debe colocar su sede? ¿Cómo se atreven agitar el espantajo de Hacienda para tratar de torcer la voluntad de una entidad libre?

Lo dicho, costumbres mafiosas: la camorra y las famiglias de las películas utilizan lo que tienen a mano, la violencia pura y la intimidación, y este Gobierno como no puede colocarnos una cabeza de caballo en la cama nos amenaza con el BOE y sus sicarios de Hacienda.

Dos consideraciones más para que tengan ustedes la película completa de este asunto: primera, puede que el Gobierno logre atemorizar a otros empresarios –afortunadamente parece que no a los directivos de Ferrovial– españoles y les quiten las ganas de irse de aquí o de tomar cualquier otra decisión empresarial, pero a los que seguro que va a aterrar es a los que todavía no han venido a nuestro país, que con un Gobierno así dudo mucho que lo hagan.

Y segunda, como siempre les digo, no crean que pueden estar tranquilos porque estas cosas solo les pasan a las grandes empresas o la gente rica y con poder, porque es exactamente al revés: si son capaces de hacerle esto a Ferrovial a usted y a mí nos pueden hacer –y nos harán si les conviene y tienen la oportunidad– algo muchísimo peor.

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