La carta del secretario de Estado de Economía a Ferrovial amenazando con la exacción de impuestos extraordinarios si la compañía española decide finalmente marcharse a Países Bajos tiene mucho que comentar. Lo primero que llama la atención es que la escriba alguien de Economía y no de Hacienda, aunque eso ya no es llamativo tras haber Calviño sacrificado su injustificado prestigio en el altar del Adonis de La Moncloa. Que el Gobierno recurra a métodos mafiosos tampoco es noticia, pues el PSOE lleva tiempo siendo una organización que premia a quien le sirve, especialmente cuando viola la ley, y castiga a quien se le opone por aplicarla. Funcionan ofreciendo un símil del plomo o plata del maestro Pablo Escobar en el que el plomo llega bajo la forma de destitución, escarnio público, pena de telediario o, como en este caso, de sanción fiscal.
No deja de tener guasa que la carta sea la prueba palpable de la inseguridad jurídica que padecemos y que fue lo que Ferrovial alegó oficiosamente para justificar el traslado de sede. Es cierto que el secretario de Estado no amenaza con otra cosa que no sea aplicar la ley. Pero ningún Gobierno de Occidente perpetra esta clase de amenazas porque la aplicación de la ley es algo a lo que está obligado en todo caso. Si en esta ocasión puede el Gobierno permitirse el desahogo de amenazar con su aplicación es porque la norma ofrece a la Agencia Tributaria un amplio margen de discrecionalidad, de forma que la conducta será o no sancionable según le parezca a ella ya que todo depende de la intención con la que, según Hacienda, haya obrado el contribuyente. Son esta clase de leyes las que están haciendo que España deje de ser un Estado de Derecho. Y son esta clase de normas las que hacen que empresas como Ferrovial huyan de nuestro país o desistan de instalarse en él.
Habrá quien crea que una norma tan antijurídica tuvo que salir del magín calenturiento de Sánchez o de María Jesús Montero o de cualquier ignaro ministro de Podemos. Pero no es así. Es obra de Cristóbal Montoro, a quien Dios confunda, cuando gobernaba el PP. Esto es algo que podría hacer sospechar a los accionistas de Ferrovial que la inseguridad jurídica de la que quizá se quejen no es tanto el producto de un ocasional Gobierno desnortado como el de hoy, sino un problema sistémico que no se arreglará cuando Sánchez, si Dios quiere, pierda las elecciones. Por eso, debería Feijóo aprovechar la ocasión para renegar de este Montoro que fue ministro gracias a su partido y que es uno de los políticos más dañinos que hemos sufrido, marca notable si se considera la calaña de los que hemos aguantado en lo que llevamos de democracia. La condena del obtuso ministro de Rajoy ayudaría a que fueran creíbles las promesas de regeneración con las que Feijóo se presentará a las elecciones. En cualquier caso, si alguna duda acerca de la conveniencia de marcharse de España les quedaba a los accionistas de Ferrovial, la carta del Gobierno ha terminado por despejarla.