Como no podía ser de otra forma, los accionistas de Ferrovial han ratificado este jueves la decisión de sus directivos y la compañía establecerá su sede en los Países Bajos, tal y como había anunciado hace unos meses.
Siempre es una mala noticia que una empresa decida abandonar nuestro país –aunque por supuesto Ferrovial mantendrá la inmensa mayoría de los puestos de trabajo que tiene actualmente en España–, siempre… excepto quizá en este caso: que las brutales presiones del Gobierno hubiesen obligado a la compañía a cambiar de idea habría sido un golpe muy duro para la percepción de nuestro país como lo que ya cabe mucho dudar que siga siendo: un sitio seguro para hacer negocios, crear empresas y, en suma, generar riqueza.
Es verdaderamente sorprendente el denuedo con el que el Ejecutivo ha querido demostrar que Ferrovial tiene razón: la actitud de Sánchez y los suyos en este asunto ha sido uno de los despropósitos más grandes de unos años llenos de barbaridades, pero pocas han sido tan peligrosas para el país como contarle a los medios de comunicación y a las compañías de todo el mundo que España tiene un Gobierno que es capaz de las más sórdidas prácticas mafiosas con tal de alcanzar lo que considera sus objetivos políticos o de evitar aquello que estima que le perjudica electoralmente.
¿Cuántas compañías se habrán convencido en estos días de despropósito de que España no es el lugar ideal para tener una empresa? Y lo que es todavía peor: ¿cuántas habrán desestimado un desembarco en nuestro país ante la evidencia de que hay un Gobierno irresponsable y liberticida, que en cualquier momento puede girarse en tu contra, montarte una campaña de desprestigio y hasta amenazarte con un ataque desde la Agenda Tributaria?
Además, aunque lo más posible es que esta haya sido la peor de todas –al fin y al cabo es la primera ocasión en la que las instituciones públicas como los ministerios forman oficialmente parte de una– no es la primera campaña contra la empresa y los empresarios: casi desde su llegada al poder la coalición de Gobierno ha tenido en su punto de mira a distintos sectores de la economía, al calor de sus intereses políticos de más corto plazo y sin dudar en citar empresas o empresarios concretos.
Por otro lado, llama mucho la atención constatar cómo la legión de palmeros en los medios dispuesta a apoyar y justificar a Sánchez en lo que sea, se ha lanzado al cuello de Ferrovial olvidando uno de los principios fundamentales de la Unión Europea, tal y como la conocemos desde hace décadas: la libertad para que los ciudadanos y las empresas se muevan como deseen por el continente.
Ha sido una de las grandes conquistas del proyecto político que empezó muy poco después de la II Guerra Mundial con la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y que ahora, setenta años más tarde, unos políticos irresponsables y liberticidas y unos opinadores del tres al cuarto están dispuestos a destrozar. Es algo tan insólito como terrorífico.