Una de las pocas ventajas de la frenética actividad sanchotarra en este final de legislatura es que ha cambiado tan profunda y rápidamente la estructura legal del Estado que, si Feijóo quiere sobrevivir a la tradicional cobardía del PP y no ser aplastado por la vuelta de un Sánchez investido ya como caudillo sin límite de tiempo ni espacio, debe derogar en el primer minuto de su Gobierno absolutamente todas las leyes de Sánchez y sus socios.
La actividad enloquecida y radical de los últimos meses obedece a la creencia, hija de la experiencia, de que el PP, al llegar al Gobierno, sonríe satisfecho, y no deroga ninguna de las leyes ideológicas de la izquierda. Sin embargo, las últimas fechorías legislativas, económicas y judiciales del Gobierno y sus aliados afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos de tal modo que será imposible gobernar sin derribar el edificio jurídico-judicial del sanchismo. Y nada lo prueba como la Ley de Vivienda, que, por ser obra técnica de Bildu, representante histórico de la ETA, Jorge Bustos ha asociado a los pisos francos de la banda terrorista. De esa y de todas.
En los pisos, sólo estorban los propietarios
Benjamín Santamaría hacía ayer en Libertad Digital un excelente resumen del alcance de esta Ley, disparatada y mostrenca en los medios, sutilmente comunista en sus fines, que son, naturalmente, los del control de la vida de la gente en los ámbitos públicos y privados. La fórmula del comunismo del Siglo XXI es la de inventar derechos que ya existían, pero cambiando su sentido. El bildutarra con pinta de clérigo vegetariano que compareció con la golpista catalana de ERC como gestantes de la nueva ley, la definió así: "Es la primera Ley de Vivienda que reconoce el derecho a la vivienda".
Hay que pararse en esta frase, porque lleva dinamita suficiente para volar cualquier construcción o edificio que parezca garantizar la vivienda. Se dirá que es imposible que no existiera antes no ya una, sino mil y una leyes sobre el derecho a la vivienda. Pero, en realidad, lo que había eran leyes garantizando el derecho a la propiedad, incluida, claro, la vivienda. Así que lo primero que hace esta ley sanchotarra y bilduesquerrana es sacar a la vivienda del ámbito seguro, tradicional, del derecho a la propiedad.
Nada más antiguo que las leyes sobre la propiedad de los lugares en que viven personas y familias, asegurando sus herencias y derechos anejos. Y esto se debe a que, junto a la propiedad de sí mismo, lo contrario de lo cual es la esclavitud, nada ha sido más importante en todas las sociedades que "tener un sitio donde caerse muerto", por usar la fórmula castiza. Y para ello es preciso que todo el peso de la ley proteja el lugar en que se habita, que puede ser también el sitio de trabajo o cercano al campo que se cultiva.
Los orígenes del derecho a la vivienda
Siempre que evocamos las instituciones primitivas de la civilización debemos remitirnos al neolítico, al paso de la horda itinerante de cazadores y recolectores a los asentamientos de cultivadores en lugares fijos, sujetos a las leyes de la naturaleza, sea en forma de lluvia, crecidas de río, siembra y cosecha o cualquier otro aspecto de la vida ligado a las estaciones del año. La fijación de la producción agrícola supone también proteger la población, para lo cual hay que establecer un perímetro de seguridad exterior, de haber algún peligro, y de orden interior, para cada grupo, donde comer y dormir. Las chozas, tiendas, casas o cualquier otra forma de asiento es propiedad de sus habitantes, por lo general familias de padres, hijos y, a veces, abuelos. Ya el hecho mismo de la familia, supone filiación y derecho de propiedad. O bien una propiedad por el uso que se convierte en derecho a conservarla.
Pero hay un derecho forzosamente anterior al de la vivienda, que es el de propiedad. Sin el reconocimiento de ese derecho nadie fijaría su hogar en un sitio determinado del poblado, ni estaría obligado a cumplir una serie de obligaciones en materia de higiene, sea para la eliminación de residuos humanos o de otro tipo, para evitar epidemias y costumbres insalubres.
¿Por qué ninguna civilización ha establecido el "derecho a la vivienda"? Porque ese derecho se entiende, y es correcto que así sea, como parte de otros derechos, desde la propiedad de uno mismo o libertad, a la de crear familias reconocidas por la sociedad en que se vive, lo que acarrea otra serie de derechos que cada uno de los componentes de ese núcleo familiar puede adquirir con el tiempo y por el lugar que ocupe en la casa, su casa.
Tiene pues, razón el bildutarra: no hay leyes de vivienda. Lo que siempre ha habido es leyes de propiedad sobre la vivienda. Y lo que astutamente se produce con esta nueva ley es la privación del derecho a la propiedad de la vivienda, sustituido por un derecho a la vivienda cuya propiedad sería en última instancia del Estado o poder político. La diferencia es capital: en un caso la ley protege al dueño de una vivienda. En otro, la ley garantiza que el Estado garantizará una vivienda, en los términos que vea más oportunos, a todas las personas, que ya no tendrán casa propia, sólo derecho a casa.
El régimen comunista, descarado
Lo que viene después es el desarrollo natural de ese principio: cualquiera puede tener derecho a ocupar casas ajenas, nadie tiene derecho a cobrar lo que le parezca oportuno ni el inquilino a pagar lo que quieren cobrarle, sino que ambos se sujetarán a los precios de alquiler que el poder político vea oportunos. Naturalmente, estamos en el mundo arbitrario del comunismo: el precio justo de las cosas es el que diga el Gobierno, sin que el mercado, la libre concurrencia de compradores y vendedores, pueda pactar un precio.
Todo es, pues, aparentemente tosco y poco práctico. En realidad, sucede exactamente lo contrario. No saben lo que quieren hacer, pero saben muy bien lo que quieren destruir para hacer algo completamente distinto. El gran argumento que se repite contra esta política de alquileres es que, al fijar el precio, una parte del mercado de alquiler se retrae y desaparece, con lo cual hay menos pisos para el mismo número de gente, y se encarecen los precios, sobre todo los de las viviendas más modestas. Sólo las caras bajan.
Sin embargo, este argumento proviene de una visión arcaica e ingenua del socialismo, que piensa que busca sinceramente la felicidad de las personas. Lo que busca es algo distinto, al margen y contrario a la realidad de lo que se demuestra como un beneficio para el común de la sociedad. Busca lo que de una forma también demasiado ingenua suele denominarse utopía. En realidad, se trata de establecer un sistema político o de Poder en el que la persona no obedezca libremente sus impulsos ancestrales de civilización. Cuando los bolcheviques hablan del "hombre nuevo" del socialismo, están hablando exactamente de esto: de negar la historia de la humanidad, que la ha llevado a crear instituciones en las que la propiedad y la ley son básicas.
Al comunismo no importa la infelicidad de la gente
¿Que eso no funcionará y nunca ha funcionado? ¿Y qué? El Muro de Berlín no cayó por el desastre del sistema de vivienda de los países del Este, sino por razones militares, políticas y, en última instancia, de comodidad. Nadie crea que los totalitarios levantan sus gigantescas cárceles para que los que las habitan vivan mejor sean sino para dominarlos en todos los ámbitos y aspectos. La gente se acostumbra a las dictaduras cuando tiene miedo a combatirlas. No es casualidad que sean los amos del País Vasco y Cataluña, los que imperan mediante el terror cotidiano, el acoso y la persecución los autores de esta última ley sanchotarra. Ellos ya disfrutan de su dictadura. Y lo que nos imponen es el mismo modelo, sin corregir y, además, ampliado.
Por eso Feijóo debe derogar todas, pero absolutamente todas las leyes de Sánchez y sus socios en el ámbito del terrorismo vasco y el separatismo catalán. Son leyes que hacen la vida invivible, como esas viviendas que, primero, nos quitan, y luego, nos alquilan, pero al precio que ellos quieran. Esperemos que la Derecha haya aprendido esta sencillísima lección.