La degradación política del PSOE es ya tan profunda que Sánchez ha dejado su ley de Vivienda en manos personajes como Otegi y Rufián, encargados de validar una de las banderas con que la izquierda pretende agitar el voto en las próximas elecciones del 28-M. Es conocida la posición ideológica de podemitas, separatistas y proetarras sobre el derecho de propiedad, suficientemente acreditada a lo largo de la trayectoria de estos partidos antisistema. Lo que hace Sánchez ahora es poner los votos socialistas al servicio de estos movimientos totalitarios, aunque ello suponga destrozar el sector inmobiliario, socavar el derecho legítimamente adquirido de los ciudadanos y, además, impedir que las personas con menos recursos puedan pagar un alquiler que se va a disparar en cuanto esta norma entre en vigor.
La nueva ley de Vivienda elimina la distinción entre grandes y pequeños propietarios y fija por igual un precio máximo del alquiler a criterio del Gobierno. Desde luego, ningún político tiene derecho a decidir la política de precios de una empresa ni a establecer en qué condiciones puede o no poner en el mercado sus propiedades. Sánchez lo hace pero, además, extiende esa expropiación de un derecho legítimo también a los pequeños propietarios, que invirtieron en vivienda como fórmula de ahorro y disponen de mucho menos margen de maniobra que las grandes corporaciones inmobiliarias.
Pero es que la nueva norma alumbrada por Sánchez y sus socios va a agravar precisamente el problema que pretende solucionar, que es lo que suele ocurrir cada vez que la izquierda pone en marcha su recetario intervencionista. No se trata solo de hacer un ejercicio de sentido común y comprender que las restricciones a la oferta de un bien, como pretende hacer el Gobierno con la vivienda de alquiler, van a provocar su encarecimiento, precisamente lo que los socialpodemitas quieren combatir. Es que basta con revisar las consecuencias reales de esa medida en los lugares donde se ha implantado para convencerse de que la fijación de precios máximos por parte de los políticos es la mejor receta para encarecer el alquiler. Ahí están los casos de Barcelona, París y Berlín, cuyo mercado inmobiliario se ha desplomado para desesperación de las clases menos pudientes, a las que se ha dificultado el acceso a la vivienda a precios asequibles.
Sánchez prosigue su batalla contra los empresarios y la extiende ya a los ciudadanos particulares, lo que agrava la situación de inseguridad jurídica provocada por el Gobierno socialpodemita a lo largo de toda la legislatura con el apoyo entusiasta de proetarras y separatistas. La única posibilidad de paliar los efectos nocivos de esta ley abusiva es la mediación necesaria de comunidades autónomas y ayuntamientos en la puesta en marcha de esta norma de acuerdo con sus competencias respectivas. Los ciudadanos han de poder distinguir las medidas autoritarias de un Gobierno radical populista, de los partidos que proponen la seguridad jurídica y los incentivos fiscales como la única manera de que las personas con menos recursos accedan a una vivienda alquilada en condiciones favorables.