De todos los estropicios legislativos perpetrados por el Gobierno socialpodemita en estos últimos cuatro años, uno de los más grotescos es, sin duda, la regulación de la vida de las mascotas a través de la ley de Protección y Derechos de los Animales, conocida también como ley de Bienestar Animal, que entrará en vigor el próximo 29 de septiembre.
Como es habitual en el sanchismo, la ley se ha perpetrado a espaldas de los principales sectores afectados y de los expertos en la materia, la gran mayoría de los cuales se confiesan escandalizados por los términos de una regulación legal desproporcionada que dispara la creación de órganos burocráticos, impone coacciones absurdas y amenaza con multas espectaculares a los que incumplan alguno de sus centenares de mandatos.
Es el caso de los veterinarios municipales, en los que recaerá gran parte de las nuevas obligaciones previstas en esta ley, sobre todo en ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, a los que se exigirá contar con un servicio de urgencia durante las 24 horas. El presidente de la asociación que agrupa a estos profesionales sanitarios incide en que se trata de "una ley absolutamente ideológica, que no ha tenido en cuenta a los técnicos y en particular a los veterinarios" y que plantea "utopías como la atención veterinaria permanente", que "tendrá muchos problemas para poderse aplicar".
Todos los ayuntamientos ya se hacen cargo de los animales abandonados en sus municipios a través de los servicios de zoonosis, pero lo que plantea ahora esta ley es poner en marcha un servicio permanente cuyo elevado coste, sin duda, será un problema añadido para las maltrechas arcas de la administración local. El problema se agrava en aquellos municipios que no cuentan con veterinario municipal o una clínica veterinaria privada capaz de prestar un servicio total con las exigencias de la nueva ley, lo que dejaría fuera de la legalidad a no pocos ayuntamientos, muchos de los cuales no cuentan con un servicio sanitario similar ni siquiera para los vecinos de la localidad.
Todo esto sucede porque, como ocurre siempre con la izquierda, sus leyes no obedecen a una necesidad de la sociedad que necesita regulación, sino que forman parte de una agenda ideológica que socialistas y comunistas tratan de imponer desde el poder utilizando la fuerza coactiva del Estado. En este caso, además, se trata de pagar un peaje a los sectores animalistas integrados en el ecosistema podemita a cambio de su apoyo político, aunque ello suponga crear un problema a los ciudadanos que tienen mascotas y a las pequeñas administraciones, a las que endosan la responsabilidad del cumplimiento de una ley disparatada.