¿A qué viene tanto escándalo por la inclusión de etarras en las candidaturas de Bildu? ¿Acaso no estaba claro desde siempre que es lo mismo –y los mismos– que ETA pero con la pistola enterrada en el jardín?
Algunos se indignan porque con la Ley de Partidos en la mano, según reza su artículo 9º, Bildu tendría que ser ilegal por "incluir regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado publicamente los fines y los medios terroristas".
Pero, ¿desde cuándo España es un Estado de derecho? ¿Acaso desde que lo proclamó la Constitución? Porque, tras cuarenta años de incumplimiento de leyes y sentencias, tomarse eso en serio es como creer en la existencia del ratoncito Pérez: por mucho que nuestros padres nos lo cuenten para darnos la ilusión de recibir su regalo, no existe.
No hará falta recordar, además, que los principales beneficiarios del incumplimiento generalizado de leyes y sentencias no han sido otros que los separatistas, ya sea en la versión terrorista vasca o en la golpista catalana. Respecto a esta última, ¿puede haber mejor ejemplo de sumisión de la ley a los intereses partidistas de PSOE y separatistas que la eliminación del delito de sedición en beneficio de los golpistas de 2017 y sobre todo de los futuros?
El único momento en el que se abordó la cuestión de la presencia de terroristas en el juego político fue cuando el gobierno de Aznar promulgó en 2002 la citada Ley de Partidos Políticos –con el apoyo del PSOE, por cierto–, ley que provocaría la ilegalización de los brazos políticos de ETA entonces en activo. Después llegaría la legalización de Sortu y Bildu por el Tribunal Constitucional en 2012, ya con Rajoy en la Moncloa. Y aquel mismo 2012 fue el año en el que el Congreso debatió una iniciativa de UPyD para ilegalizar Bildu debido a que "se han ido acumulando numerosas evidencias para considerar probado que forman parte de lo que los tribunales calificaron como la marca blanca de ETA". Todos los demás partidos, desde los comunistas a los diversos separatistas pasando por el PSOE y el PP, a la sazón en el gobierno con mayoría absoluta, votaron en contra de la ilegalización.
Es conveniente recordarlo porque en estos días han llovido reproches a Zapatero por haber mencionado el pacto de permitir al brazo político de ETA la presencia en elecciones e instituciones a cambio de dejar de asesinar. Efectivamente, desde aquellos días, hoy olvidados, en los que Felipe González cerraba sus mítines en tierras vascas gritando "¡Gora Euskadi askatuta!", la izquierda ha sido la principal blanqueadora, justificadora y aliada de los separatistas de toda clase, incluidos los terroristas. Alfonso Guerra ha declarado recientemente que solamente con Zapatero se "desvió" el PSOE hacia su actual postura proetarra, pero no es cierto. La izquierda española en bloque brindó con champán durante décadas cada vez que ETA asesinaba a militares, policías y guardias civiles. Y siguiendo su ejemplo, la izquierda del resto del mundo. Valga como ejemplo destacado el de Olof Palme. Los que se opusieron, generalmente después de que ETA empezara a incluir socialistas en su lista de eliminables, acabaron enfrentándose e incluso abandonando el PSOE.
Pero es injusto acusar a la izquierda de ser la única culpable. Además de lo arriba mencionado del PP de Rajoy oponiéndose a la iniciativa ilegalizadora de UPyD, cabría recordar, por ejemplo, a Borja Sémper declarando que Bildu no es ETA y que "el futuro de la sociedad vasca, guste o no en determinados sitios, se tiene que construir también con Bildu". Y lo que es más importante todavía, el PP tiene tanta responsabilidad como el PSOE en la construcción durante cuatro décadas del régimen totalitario vasco, asesino, desterrador y acallador de los discordantes, monopolizador del debate político, opresor lingüístico, blanqueador de ETA, lavador masivo de cerebros y adoctrinador de los niños. Si el desolador paisaje político vasco-navarro es hoy el que es, se lo debemos a la complicidad del PP y el PSOE con el PNV.
Pedro Sánchez es hoy compañero de legislatura del brazo desarmado de ETA porque se trata de la izquierda vasca con la que puede contar. Al fin y al cabo son hermanos ideológicos. Tan socialistas son los socialistas del PSOE como los socialistas de Bildu. Tan beneficiarios del mito antifranquista son los unos como los otros. Por eso la Ley de Memoria Democrática ha convertido el 18 de julio de 1936 en un suceso inolvidable, imperdonable e imprescriptible mientras que ha hecho de los recientísimos crímenes de ETA una página ya pasada, perdonable e ideológicamente justificable. Homenajes a etarras frente a exhumaciones infamantes de Franco y José Antonio. Y no se olvide el papel de sus socios comunistas como vaso comunicante con el electorado de la llamada izquierda abertzale: las encuentas apuntan un crecimiento de Bildu debido a la caída de Podemos.
Finalmente, no perdamos de vista que la clave de todo esto no es ni la Constitución ni las leyes, se cumplan o no, ni los partidos políticos ni sus dirigentes. La clave es el mito fundamentalista democrático de que la voluntad popular puede hacer y deshacer lo que quiera con la única condición de conseguir la suficiente legitimidad mediante el número. No sería justo cargar todas las culpas sobre los hombros de los dirigentes políticos, pues nada habrían podido hacer una legislatura tras otra si los votantes no les hubieran elegido una legislatura tras otra para seguir haciendo lo que han hecho. Y en las elecciones que se avecinan, tanto las regionales y municipales como las nacionales, los votantes van a elegir a los mismos una vez más, salvo milagro.
Pero los milagros no existen. Además, ¿no habíamos quedado en que la voz del pueblo es la voz de Dios?