Se supone que la critica y la denuncia de la existencia de un delito, más que un derecho, es un deber en cualquier sociedad civilizada y celosa del Estado de Derecho. A la vista, sin embargo, del disparatado proyecto de reforma del articulo 515 del Código Penal que ha planteado Podemos, este deber cívico puede pasar a ser considerado un "delito de odio" si los delincuentes a los que se denuncia pertenecen a lo que la extrema izquierda considera "colectivos vulnerables", tales como los okupas que usurpan propiedades ajenas o las madres que secuestran e impiden a sus hijos ver a sus padres, tal y como sucedió con la presidenta de la feminista "Asociación Infancia Libre", condenada —y posteriormente indultada por el gobierno social-comunista— por retener a su hijo y ocultar a su padre durante dos años al que acusó falsamente de abusos sexuales al menor.
Y es que el proyecto de reforma de Podemos no se limita —con ser ya un gravísimo atentado a la libertad de empresa— a criminalizar y perseguir penalmente a empresas que, como Desokupa, tratan de lograr a través de medios legales que los propietarios recuperen sus casas ilegalmente ocupadas, sino que también trata de perseguir, bajo el estigma de "incitación al odio" y promoción de la "aporafobia", a las organizaciones, ya sean partidos políticos como Vox o medios de comunicación, que, con ánimo de lucro o interés electoral, se dediquen a denunciar y a criticar a personas que cometen hechos tipificados aun como delitos pero que la extrema izquierda considera "vulnerables". Y es que para Ione Belarra, la "gentuza" —por utilizar la propia expresión de la líder de Podemos— no es aquella que okupa una vivienda ajena o que vulnera los derechos de la infancia de sus propios hijos alegando falsamente ser victima de violencia de género. No. Para Belarra la "gentuza" son los trabajadores de empresas como Desokupa, a la que denigra como "fuerza paramilitar"; o empresas de alarmas como Securitas Direct, a la que acusa de haber ampliado sus ventas un 80%, o a medios de comunicación que, como Libertad Digital, denunciamos estos hechos delictivos.
Así las cosas, estamos ante un anteproyecto de ley que no es otra cosa que un atentado contra la libertad de empresa y la libertad de expresión en beneficio de delito y del delincuente; un proyecto de censura que no considera "vulnerables" a las victimas del delito, sino a las que lo perpetran.
Podemos es muy libre de buscar su espacio electoral donde quiera, incluido el de las personas que se dedican a vulnerar las leyes más elementales de cualquier Estado de Derecho. Pero lo que está claro es que sus proyectos de reforma constituyen una promoción de la indefensión de la sociedad civil ante la calculada demolición del Estado de derecho que la propia izquierda está promocionando desde las instituciones. Y eso siempre ha tenido y seguirá teniendo un nombre. Se llama tiranía.