Está visto que el encomiable acuerdo que el PP ha alcanzado con Vox en la Comunidad Valenciana —tras haber impuesto un cordón sanitario al partido de Abascal en Canarias y en Cantabria de la mano de los nacionalistas y la formación de Revilla, respectivamente—, más que la antesala de los acuerdos que se deben producir en muchas otras comunidades autónomas, así como en el futuro gobierno de la nación, parece adoptar la forma de un espejismo o, más acertadamente, una excepción a la regla. Y no lo decimos tan sólo por las prisas con las que Feijóo, más que a congratularse, salió a reprochar al PSOE una falta de acuerdo en Valencia o a denigrar el acuerdo firmado con Vox por referirse a la lucha contra la "violencia intrafamiliar" en lugar de hacerlo contra la "violencia de género". Tampoco lo decimos por la vergonzosa pretensión de Feijóo de excluir a Abascal de los debates electorales que sí mantendría con Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Lo decimos además por el aun más vergonzoso acuerdo que, pocos días después del alcanzado en Valencia, el PP murciano alcanzó con el PSOE para dejar a Vox fuera de la mesa del Parlamento regional y repartirse las dos vicepresidencias entre el popular Miguel Miralles y el socialista Alfonso Martinez.
Si resulta lamentable que Feijóo haga suya una expresión ideológica tan engañosa y cara a la izquierda como el de la "violencia de género", no menos criticable es que el PP niegue en Murcia a Vox una vicepresidencia y varias consejerías como las que sí cedió a Ciudadanos tras las anteriores autonómicas de 2019 a pesar de tener esta última formación menos escaños que los que Vox ha obtenido ahora. Lo peor, sin embargo, es que este acomplejado e insultante comportamiento del PP contra el partido que debería ser su socio natural —tal y como lo perciben tanto los electores del PP como de Vox—, ha provocado este miércoles que los socialistas se hagan con la presidencia y vicepresidencia de la Asamblea de Extremadura, región donde, si bien la del PSOE ha sido la lista más votada, PP y Vox sumarían la mayoría absoluta.
Que el PP prefiera pactar con los socialistas o repetir las elecciones autonómicas antes que conformar gobierno con Vox, es buena muestra de hasta qué punto el PP de Feijóo y Guardiola, de forma suicida y contraria a sus propios intereses, ha interiorizado y hecho suya la calumnia de que Vox es un partido fascista, homófobo y xenófobo con el que no cabe ninguna clase de acuerdo. No hay más que oir los exabruptos que ha lanzado este martes la numero 1 del PP en Extremadura, María Guardiola, contra Vox, partido al que ha acusado, como si de una dirigente podemita se tratara, de "negar la violencia machista, deshumanizar a los inmigrantes y tirar a la basura la bandera LGTBI".
Si Guardiola (o Feijóo) considera que la defensa del control de nuestras fronteras y la tolerancia cero hacia la inmigración ilegal es "deshumanizar a los inmigrantes"; o que defender la igualdad ante la ley de hombres y mujeres y el endurecimiento de las penas que castigan la violencia —con independencia del sexo del que la perpetre o el que la sufra— es muestra de "machismo"; o que defender que la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley con independencia de su orientación sexual no implica en modo alguno defender los delirios identitarios del movimiento colectivista del LGTBI o disparates legislativos tales como la "ley trans", es que el PP no sólo denigra a los votantes del Vox sino también a la inmensa mayoría de sus propios votantes que ni son ni se consideran a sí mismos ni "deshumanizadores", ni "homófobos" ni "machistas" por coincidir con los de Abascal en todos estos asuntos.
Si el PP hace suyas las banderas de sus adversarios y asume las calumnias que lanzan contra el partido que debería ser su socio natural, el electorado ubicado a la derecha del PSOE ya puede abandonar toda esperanza: un cambio de siglas en el Gobierno no implicará una autentica alternativa a la política que ha llevado a cabo Pedro Sánchez.