El Ministerio del Interior ha dado cuenta con nocturnidad, alevosía y un inexplicable retraso de las cifras de secuestros parentales correspondientes a los años 2021 y 2022. Los números muestran un disparatado incremento de los casos en coincidencia con episodios como los indultos a Juana Rivas y a María Sevilla, a quien la ministra de Igualdad, Irene Montero, llegó a calificar de "madre protectora" cuando la Justicia había demostrado que era precisamente todo lo contrario. El año pasado se registraron un total de 428 casos, 434 el pasado. Además, el Gobierno ha rectificado los datos de 2020, en los que los secuestros pasan de 35 a 294 casos.
De entrada resulta del todo inaceptable que Interior no haya dado parte en tiempo y forma de una realidad sangrante, de una situación entre cuyas causas se encuentra la política autoritaria emanada de ministerios como el que todavía dirige Irene Montero. Pero no es a esa ministra a quien hay que imputar toda la responsabilidad. Eso sería demasiado fácil, tanto que es el comodín del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de su vicepresidenta Yolanda Díaz, quienes han sustentado a la ministra y han permitido que tragedias como la de los secuestros parentales se hayan disparado en un contexto de opacidad, censura y totalitarismo.
Si el Gobierno ha ocultado estas alarmantes cifras es porque cuestionan de manera radical la retórica y las acciones de un Ejecutivo que presume de proteger y extender los derechos mientras desatiende de manera flagrante los derechos de los más indefensos, de la infancia, en aplicación de unas políticas que nada tienen de feministas y mucho de odio. Mientras censuraba este tipo de datos, el Gobierno socialcomunista desplegaba una agenda contraria a las más elementales nociones respecto a la protección de los menores y la salvaguarda de sus derechos.
La simple constatación del catastrófico aumento de los casos de secuestros de niños a cargo de uno de sus progenitores debería haber provocado un cambio radical en los procedimientos de actuación del Ejecutivo, pero se prefirió ocultar la realidad para no cuestionar los discursos y las actuaciones de los responsables directos de esta barbaridad. El Gobierno de Sánchez optó por correr un tupido velo, de modo que ni Grande-Marlaska, el titular de Interior, ni Irene Montero se vieran obligados a rendir cuentas de su nefasta gestión mientras se denunciaban cientos de desapariciones de niños en España raptados por uno de sus progenitores.
El caso es grave, tan o más grave que las rebajas de condena y la liberación de violadores y pederastas a la luz de eso que ahora llaman ley del "consentimiento". La responsabilidad del Ejecutivo, plasmada en forma de indultos a las mal llamadas "madres protectoras", no debería disiparse en el fragor de la campaña electoral y la operación mediática de Sánchez. El Gobierno, su Gobierno, ha ocultado datos sobre delitos infames. Y no es que no desatendiera su obligación de denunciar y perseguir esos crímenes, sino que daba alas a quienes los cometían con su apoyo público en forma de declaraciones y pronunciamientos.
La realidad reflejada en la información publicada por Libertad Digital exige responsabilidades políticas y penales, además de un cambio radical a la hora de afrontar los derechos de los niños y de sus padres. Es imprescindible la formación de los agentes que tramitan las denuncias, que deben ser por desaparición y por sustracción, puesto que las primeras quedan impunes cuando el progenitor que ha secuestrado al niño se limita a informar de su paradero. Pero aún más urgente es derogar el aparato legislativo que ampara las tropelías contra los derechos de la infancia.