Este próximo jueves, la Asamblea Regional de Murcia votará en primera instancia la investidura de Fernando López Miras, candidato del Partido Popular y actual presidente de la Comunidad Autónoma. Es cierto que la composición del parlamento murciano y su distribución de fuerzas políticas deja como única posibilidad lógica un Gobierno del Partido Popular, pero no lo es menos que, al no haber alcanzado la mayoría absoluta, los populares necesitan llegar a un acuerdo con Vox que permita sacar adelante la investidura y facilite una sólida mayoría parlamentaria a lo largo de la legislatura.
Sorprende que, más de un mes después de haberse celebrado las elecciones autonómicas y a tres días de la sesión de investidura, el PP no se haya sentado a negociar con el único partido que puede facilitarle el Gobierno de la comunidad. Peor aún, esta descortesía formal va acompañada de declaraciones altisonantes en las que el PP ha exhibido desde el 28-M un presunto derecho a regir Murcia en solitario, afirmando textualmente en no pocas ocasiones que no necesitan a Vox para gobernar. Si esto es así ¿Por qué no piden a los diputados de izquierdas su abstención? Porque, despreciados los votos del partido de Abascal, ese acuerdo de mínimos con PSOE o Podemos es la única posibilidad de que López Miras siga en el palacio de San Esteban cuatro años más.
El PP asegura que el caso de Murcia no es equiparable al de Extremadura. En efecto, es peor para el PP. En el parlamento extremeño hay un reparto de escaños entre PP y Vox de 28-5, respectivamente, mientras que en Murcia es de 21-9, un argumento numérico que refuerza las pretensiones del partido de Abascal de entrar en un Gobierno de coalición y hacerlo con más peso todavía que en el caso de Extremadura. El hecho de que en Murcia la izquierda no alcanza para hacerse con el Gobierno regional (el PP tiene más escaños que la suma de PSOE y Podemos) no es definitivo, puesto que sin el apoyo de VOX se llegaría a un bloqueo permanente que obligaría a repetir las elecciones. En Murcia serían las terceras en menos de seis meses, con todo lo que eso lleva consigo en términos de impredictibilidad.
Para lo que debería servir el caso de Extremadura es, precisamente, para que el PP evite en Murcia un ridículo parecido. Se trata simplemente de ceder un área de Gobierno al partido de Abascal como ha hecho María Guardiola, desdiciéndose por la vía de los hechos de sus declaraciones incendiarias en contra de Vox. López Miras, que viene de gobernar con tránsfugas de Ciudadanos y consejeros expulsados de Vox, no es precisamente el más indicado para rechazar un gobierno de coalición. Más aún cuando en este caso se trataría de ahormar un pacto sólido de legislatura con un partido que tiene la quinta parte de los diputados del parlamento y no de meter con calzador en el Ejecutivo a desechos de tienta de partidos minoritarios para impedir una moción de censura, como hizo en marzo de 2021.
Vox, por su parte, no puede pretender controlar las áreas fundamentales del Ejecutivo de Murcia, sencillamente, porque sus votos no le dan para ello. El PP se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta y eso le faculta para presidir y controlar el Gobierno autonómico, al margen de la cesión de alguna parcela concreta para dar cabida a un futuro socio minoritario de coalición. Este es el esquema básico que daría cumplida satisfacción a los votantes de ambos partidos, que a estas alturas siguen estupefactos por la cerrazón de los populares a, siquiera, abrir una negociación.
Mal hará Feijóo si sigue insistiendo en la vía muerta de un Gobierno en solitario para Murcia en contra de la lógica y del derecho legítimo de representación del 18% de los electores murcianos, que entregaron su confianza a Vox. El caso de María Guardiola es lo suficientemente elocuente y cercano en el tiempo como para evitar un empecinamiento absurdo que podría llevar, irremediablemente, a una repetición electoral.