Las fuerzas vivas del independentismo que acompañaban a Puigdemont tras la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) están desoladas. Acostumbrados a sus propias mentiras y manipulaciones, la contundencia de la resolución judicial europea ha dejado a los dirigentes del separatismo entre anonadados y estupefactos. Se debe tener en cuenta que horas y minutos antes de darse a conocer la sentencia, medios y prebostes independentistas especulaban sobre un regreso triunfal de Puigdemont en plena campaña electoral amparado por una inmunidad mágica que cubría incluso los delitos cometidos en España antes de ser eurodiputado. Pues no, Puigdemont, Comín y Ponsatí no tienen inmunidad según la justicia europea que ellos mismos contraponen a la española.
Puigdemont, así como Comín y Ponsatí, han acusado el golpe en una ¿rueda de prensa? en la que había más altos cargos y dirigentes independentistas que periodistas. El efecto del varapalo era palpable. Ni siquiera el letrado Boye, el hombre de las palomitas, podía disimular el impacto de la sentencia. A Puigdemont y los suyos les cabe recurso ante otra instancia europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y también solicitar que la situación de Puigdemont no varíe hasta que el dicho TJUE resuelva el nuevo recurso. Pero ahora mismo, el prófugo y sus compañeros de fuga están desprovistos de cualquier protección legal. Si se emite una nueva euroorden pueden ser detenidos en cualquier momento y, en teoría, extraditados para rendir cuentas ante el Tribunal Supremo.
Sin embargo, el operativo judicial requerirá de tiempo. Una hipotética detención y una aún más hipotética extradición dependen de la colaboración de la justicia belga, siempre reacia a entregar a delincuentes españoles, ya sean terroristas o golpistas. La diferencia esta vez es que la resolución procede del mismo corazón del sistema judicial europeo y avala una decisión del Parlamento europeo, lo que obliga a las autoridades belgas a extremar sus precauciones. Ya no se trata de un tribunal español, sino de uno europeo. No debería haber diferencias, pero debe recordarse que un tribunal regional alemán, el de Schleswig-Holstein, se permitió negar la extradición del prófugo porque en el Código Penal de su país no existe el delito de sedición. En Alemania, lo que hicieron Puigdemont y el resto de golpistas es alta traición y las penas son máximas. En España, por contra, ya ni siquiera existe la sedición gracias a la reforma del Código Penal de Sánchez y sus socios.
El expresidente catalán seguirá pleiteando, pero el final se acerca. De momento, el plazo para su recurso es de dos meses y el TJUE puede tomarse hasta otros seis meses más para ratificar o rechazar la sentencia del TGUE. El desarrollo natural de la acción de la justicia debería concluir con la personación del prófugo ante el Tribunal Supremo. Dada la desesperada situación para Puigdemont, en círculos políticos y empresariales de Cataluña se aboga por una "solución política" que facilite el retorno del fugado sin que tenga que asumir ninguna consecuencia judicial. Rodríguez Zapatero es una de las figuras que reman a favor de un enjuague que gana enteros tras el tremendo traspiés de Puigdemont en Europa. Ahora le toca al Tribunal Supremo mover ficha.