Una de las exigencias de los separatistas para permitir la reedición de un Gobierno socialcomunista en España es la condonación de la tremenda deuda pública de las arcas catalanas, disparada hasta los 85.000 millones de euros a causa de la gestión nefasta de los gobiernos independentistas. Porque, en contra del mantra de los partidos separatistas, según el cual el resto de España roba a Cataluña sus recursos, los gobiernos de la Generalidad han contado con una financiación privilegiada en detrimento de otras regiones como Valencia, Murcia, Andalucía y Castillla-La Mancha, cuyos habitantes son los que sufren un peor trato fiscal con los datos oficiales en la mano.
Como hemos explicado en Libre Mercado, no sólo el resto de España no roba a los catalanes, sino que Cataluña es la región que más recibe del Sistema de Financiación Autonómico, diseñado para beneficiarla, la que más ha sido sostenida en su endeudamiento por el Tesoro y una de las que más ha recibido del Plan de Pago a Proveedores, por lo que viene gozando desde 2009 de una financiación per cápita superior a la media y, desde luego, mucho mayor que Madrid.
Las negociaciones emprendidas por los socialistas con los partidos independentistas que se disputan la hegemonía en Cataluña, ERC y el grupo del prófugo de Waterloo, incluyen la condonación de la deuda adquirida por los gobiernos independentistas y, además, un concierto fiscal similar al Vasco, una pretensión disparatada que resulta matemáticamente inasumible por las arcas del Estado. Este trato privilegiado al Gobierno regional catalán no solo sería un agravio intolerable hacia el resto de los españoles, obligados a financiar las aventuras soberanistas de unos gobernantes enloquecidos, sino también una cesión anticonstitucional aumentaría el descrédito exterior de España ante las instituciones europeas y los mercados internacionales.
El actual sistema de financiación autonómica, implantado por Zapatero en 2009, ha de ser reformado porque el transcurso del tiempo lo ha convertido en un elemento obsoleto que aumenta la distancia entre los españoles de primera, los que viven en las regiones mejor financiadas, y los de segunda, los del resto de comunidades del régimen común. Pero esa reforma ha de hacerse con sentido de Estado para acabar con la discriminación entre españoles, no para agravarla como pretenden obtener los separatistas de Sánchez a cambio de hacerlo presidente otra vez.
Sin embargo, como nos ha demostrado la experiencia de la pasada legislatura, no hay agravios excesivos ni concesiones intolerables para Pedro Sánchez cuando se trata de mantenerse en el poder, así que mejor no descartar una nueva ronda de cesiones en las negociaciones para su investidura que, de una u otra forma, aumentarán aún más los privilegios de los que ya goza la casta separatista catalana.