Puede que Puigdemont baje el pulgar o que lo suba. El anuncio de esa decisión será la antesala de la constitución del Congreso de los Diputados y el arranque de la XV legislatura de la democracia. O de lo que queda de ella. Pero pase lo que pase, esta película de terror no ha terminado, salvo en el muy improbable caso de que Sánchez se harte del chantaje permanente. Dados los precedentes, la relación con las autoridades marroquíes, por ejemplo, es previsible que el sainete continúe y Sánchez se mantenga en la carrera por la investidura aunque el Congreso lo presida Gamarra en vez de Armengol.
Pero al margen de la crucial voluntad de un prófugo de la justicia (así estamos) la contingencia de un nuevo Gobierno presidido por Pedro Sánchez puede originar estampas tremendamente sicalípticas en un país acostumbrado ya a cualquier cosa. En esa hipótesis, la amnistía y dos referéndums de autodeterminación, o tres si se suma Galicia, puede que no vayan a ser lo más interesante de la espinosa legislatura, tal vez la última de la democracia tal como la conocemos.
Como quiera que durante la campaña electoral se estableció la percepción demoscópica de que la victoria de la suma del PP y Vox estaba cantada, la vicepresidenta segunda en funciones, doña Yolanda Díaz, se permitió el lujo de prometer una herencia universal de 20.000 euros del ala al cumplir los 18 años, pero que se haría efectiva cuando los agraciados tuvieran 23. Ahí es nada, veinte mil pavos por barba.
No debieron ser pocos los jóvenes que votaron a las formaciones que componen el actual Gobierno gracias a dispendios como el transporte gratis o los 200 euros de Iceta para que se compren videojuegos. En el terreno concreto, PP y Vox ofrecían a los jóvenes mejores estudios, formación profesional, meritocracia, empleabilidad y reparar el ascensor social, las recetas clásicas de la derecha. Nada de entradas para conciertos por la cara y demás milongas. Cierto que ninguno de los dos partidos hizo especial hincapié en su oferta a los jóvenes.
Sea como fuere, si Gobierna el PSOE con el concurso de Sumar, Yolanda Díaz deberá hacer frente a su promesa. Es lo suyo, ¿no? La tesis defendida por la vicepresidenta es que tal dispendio es perfectamente asumible, que "sólo" supondría un desembolso de 10.000 millones de euros que se podrían obtener gracias a una política fiscal más dura en relación a las grandes fortunas, la banca, las multinacionales y demás "poderosos", aunque pudiera ser que para financiar la medida quepa, por ejemplo, recortar las pensiones. Es decir, quitar dinero a personas que han cotizado toda su vida para, en la mayoría de los casos, cobrar un pensión mísera. Claro que un economista tan reputado como Piketty dice que sí se puede.
Pues nada, que graciñas por anticipado, vicepresidenta, de parte de nuestros hijos y nietos.