El PSOE y Sumar ya se han puesto manos a la obra para satisfacer la exigencia separatista de una amnistía para todos los delitos cometidos por los independentistas durante la última década. La operación para otorgar impunidad absoluta a los separatistas forma parte del precio para que Pedro Sánchez pueda mantenerse cuatro años más en la Moncloa y es la ampliación definitiva de los indultos otorgados por el presidente del Gobierno a los golpistas y la aún más obscena reforma del Código Penal a medida de Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y compañía.
La desfachatez separatista es de tal calibre que hasta exigen que la gracia incluya a la presidenta de Junts per Catalunya (JxCat), Laura Borràs, condenada por corrupción tras adjudicar unos contratos a un amigo cuando presidía la denominada Institución de las Letras Catalanas, un asunto que nada tiene que con el proceso separatista pero sí con la sensación de impunidad (ahora algo más que una sensación) con la que se han manejado los nacionalistas catalanes durante décadas. En ese contexto, hasta es probable que los Pujol salgan beneficiados de la investidura del líder socialista.
Para Sánchez no hay límites de ninguna clase y la separación de poderes es uno de esos obstáculos que se dispone a saltarse a la torera con la imprescindible colaboración del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, encargado de blanquear esa amnistía y el consecuente referéndum de autodeterminación. La destrucción de la arquitectura institucional, de la Constitución y del sistema judicial y político, de la democracia en España, son hechos consumados y la amnistía de los golpistas, un paso más después de haber dado traslado a los terroristas etarras a las cárceles vascas para que, traspasadas las competencias al gobierno autonómico regional, sean tratados como héroes y excarcelados por ese mismo ejecutivo.
De modo que lo único que separa a Puigdemont de su retorno triunfal a España seis años después de haber puesto en grave riesgo la convivencia y la paz en Cataluña y en el resto de la nación es el debate en el PSOE sobre los eufemismos adecuados para suavizar el trágala. El diario del régimen sanchista hablaba este domingo de "alivio penal" del "Procés", en la línea de la "desjudicialización" de la política a la que aluden desde hace tiempo ya los separatistas.
La negociación, terminal para la justicia en España, ya está en marcha para satisfacción de todos aquellos que desde hace una década han desviado cantidades ingentes de fondos, han vulnerado la Constitución, han pisoteado las leyes, han despreciado y marginado a los ciudadanos que no comulgaban con el "derecho a decidir", han actuado de manera violenta poniendo en riesgo vidas humanas, herido gravemente a agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y han planeado revueltas y atentados contra la libertad y la democracia.
Políticos golpistas, corruptos y "activistas" violentos están de enhorabuena. Sus crímenes van a quedar impunes. Incumplir la ley tiene premio para los separatistas. Sus víctimas, quedan a la intemperie. El delito triunfa y todos aquellos que protagonizaron el golpe, indultados y fugados, podrán seguir tranquilamente haciendo política, que en su caso consiste en destruir la nación española con la inestimable colaboración de los socialistas y de la extrema izquierda de Sumar.
Otorgada la amnistía con el mal nombre que logren arbitrar, se condonará la deuda autonómica catalana, se llevará a cabo una reforma del sistema de financiación a gusto de los golpistas y se alterarán las circunstancias políticas para que el referéndum se produzca como consecuencia natural de los acontecimientos. Tal es el plan del sanchismo y sus socios para la XV legislatura.