La presencia del Estado en Cataluña es prácticamente nula debido a una deriva que comenzó con Jordi Pujol y se ha acentuado en los últimos años gracias a las graves renuncias de los sucesivos gobiernos de la nación. En paralelo, la Generalidad, con vocación de suplantación del Estado nacional, y los partidos separatistas y de izquierdas aumentan sus reivindicaciones sobre emblemas del Estado como el cuartel militar del Bruch en Barcelona o la Jefatura Superior de Policía de la capital catalana, que pretenden convertir en una suerte de museo de los horrores a la luz de la abundante legislación sobre manipulación de la historia promovida por los gobiernos socialistas, la administración autonómica y hasta la municipal.
Todo empezó cuando Pujol se jactaba de ser el representante ordinario del Estado en Cataluña, palabras que encerraban un propósito diferente al que creían los políticos del PSOE y del PP que negociaron con el corrupto toda clase de concesiones. Ese fue el principio y el pacto de investidura que negocia Pedro Sánchez con los separatistas será el final. De momento, todos los estamentos que aún quedan del Estado en Cataluña están en retirada. Por ejemplo, el ministerio del Interior dirigido por Fernando Grande-Marlaska lleva a cabo un desmantelamiento gradual de las competencias de la Policía Nacional y la Guardia Civil en lo relativo al control de fronteras exteriores y aguas marítimas mientras la Generalidad presiona para quedarse con las competencias fiscales en la estela del País Vasco y se ha reducido a lo anecdótico la presencia de las Fuerzas Armadas en la región.
En ese contexto de debilidad extrema del Estado, ajeno casi por completo a los ciudadanos de Cataluña, PSOE y ERC negocian la definitiva desaparición de España del territorio catalán sobre la premisa de que es más fácil y conveniente a sus intereses "sacar España de Cataluña que Cataluña de España", tal y como informa Libertad Digital. Y una cosa llevará a la otra. La extinción de la presencia estatal de España en Cataluña es condición imprescindible para allanar el terreno a un referéndum de autodeterminación que caerá como fruta madura ante un Estado desaparecido, ni siquiera testimonial, como en la actualidad, en la que, por ejemplo, los centros educativos de Cataluña se aplican en la conversión del español en un idioma extranjero que se debe eliminar e incumplen las sentencias lingüísticas mientras los cuatro inspectores del ministerio de Educación tienen que pedir permiso por escrito a las direcciones de los centros y a la Generalidad para poder acceder a las instalaciones.
Además de las vergonzosas cesiones de Sánchez en materia de lenguas y de impunidad penal para los golpistas y sus "activistas" violentos, la negociación entre el líder socialista y los separatistas conlleva dramáticos cambios en materia económica que se pretenden ocultar. Y la desaparición del Estado es una de ellas. La Generalidad podrá seguir endeudándose sin control con el respaldo del resto de las regiones españolas, que pagarán a la fuerza los excesos de una región controlada por unos políticos desatados y que han tejido durante los últimos cuarenta años una potente red clientelar. Podrán también legislar a su antojo sin el control del Tribunal Constitucional, convenientemente orientado por su presidente, Cándido Conde Pumpido, a facilitar la definitiva desconexión de Cataluña del resto de España. Y todo ello aderezado con el reconocimiento de la región catalana como "nación" y pagado por todos los contribuyentes españoles.