Tres han sido las condiciones previas —a no se sabe qué— enumeradas por el prófugo Puigdemont y que este exige para empezar a hablar. Recuerdan a las que pedía ETA en sus declaraciones de tregua. La primera, que pare la "represión". El Gobierno le debe instar a Europol para que se abstenga de publicar en sus informe que "los movimientos independentistas catalán y vasco son los más activos y violentos dentro del panorama separatista". Esta petición lleva implícito que los servicios de inteligencia del Estado no actúen en Cataluña. Le debe parecer insuficiente que Sánchez sacrificase a la directora del CNI y suspendiera las misiones de vigilancia a los impulsores y el entorno del golpe de Estado separatista.
La segunda conlleva la rendición del Estado de Derecho. Puigdemont no se ha referido a la existencia de un conflicto político para justificar su exigencia de amnistía. Lo hace porque el 1 de octubre no fue ilegal, como no lo fue la declaración de independencia. Ni siquiera lo demanda por justicia. No le reconoce la facultad de impartirla a los jueces españoles. Lo pide porque es "una exigencia ética".
Por último, continua en la línea de lo que planteó su sucesor en el cargo, Quim Torra: la figura del mediador. El 6 de febrero de 2020, el Parlamento de Cataluña aprobó una moción a favor de la autodeterminación, la amnistía de los presos y de un mediador internacional para la mesa de diálogo entre gobiernos, que se formalizó el día 26 de ese mes. Previamente, la coalición Sánchez-Iglesias había aceptado la presencia del "facilitador" en la Declaración de Pedralbes, tras el primer encuentro con Torra: "Al frente de esta mesa de partidos se propondrá de común acuerdo una persona que será quien facilite la coordinación de los trabajos, de las convocatorias y fije el orden del día. Asimismo, ayudará a crear las condiciones idóneas para el diálogo, dará fe de los acuerdos alcanzados y determinará el seguimiento de su aplicación". Pese a que la vicepresidenta Carmen Calvo lo intentó explicar: "El relator es alguien que puede ayudar a hacer el trabajo. No tiene más. No es un observador internacional. No es alguien que venga a mediar en esta situación". No convenció y provocó la manifestación de Colón.
Sin embargo, la figura que Puigdemont se ha sacado de la chistera se asemeja más a esos mediadores internacionales que, conchabados con ETA, pedían en la Declaración de Bruselas —29 de marzo de 2010— un proceso verificable. Un verificador pide el prófugo ¿Verificar qué? Es posible que ni el propio interesado lo sepa y ya no está la vicepresidenta Calvo para intentar explicárselo y de paso liarnos.
Puigdemont no se ha dirigido a Sánchez. Ni ha hecho referencia alguna al rendibú de la vicepresidenta Díaz. Su mensaje tenía más de un receptor: "La pregunta que nos debemos hacer no es sí nosotros estamos preparados para una negociación, sino si lo están los dos grandes partidos españoles". Y puntualiza: "Si los dos grandes partidos españoles están preparados para negociar con nosotros, con todo lo que representamos, o sencillamente quieren nuestro voto".
Posteriormente, reitera el plural al referirse al mecanismo de mediación y verificación, "que aporte garantías del seguimiento y cumplimiento de los acuerdos, que los dos grandes partidos españoles no están en condiciones de darnos".
El líder del PP afirmó en una reciente entrevista que si cediera lo que va a ceder Sánchez, el presidente sería él. Posteriormente se han conocido los "recados" enviados desde el entorno de Puigdemont a Feijóo, que este rechazó.
El sector independentista que aglutina Junts parece haber leído correctamente los resultados de las últimas elecciones. ERC ha perdido la mitad de sus votantes. Es un aviso del coste de las políticas complacientes con Madrid. Puigdemont sabe que Sánchez es un candidato débil, más que en 2019 y si esto puede ser una oportunidad para apretar, también es un riesgo de que todo quiebre. Quizá por eso se dirige a los "dos grandes partidos españoles". Feijóo ya le ha dicho que se ahorra la cita.