El articulo 14 de la Constitución española, que estipula claramente que "todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social", debería ser más que suficiente para darnos cuenta de que una "ley" por cuya violación solo pudiesen ser condenadas personas de un determinado sexo constituye una aberración jurídica similar a la que supondría una "ley" por la que sólo pudiesen ser condenados personas de una determinada raza o confesión religiosa. Esto es lo que hace, sin embargo, la mal llamada "Ley contra la Violencia de género" por cuya violación sólo pueden ser condenadas personas del sexo masculino y siempre que sus victimas pertenezcan al sexo femenino. Además de la criminalización del hombre por el hecho de serlo, esta aberración jurídica debilita la presunción de inocencia al estipular distintas cargas de prueba en la denuncia de un delito violento en función del sexo del supuesto agresor y de la supuesta víctima.
Ahora bien. Por mucho que sea necesario insistir en que el fin no justifica, en un Estado de derecho, cualquier medio —aunque sea un fin tan loable como reducir en la mayor medida posible el número de mujeres asesinadas a manos de sus pareja o exparejas sentimentales— cometeríamos un error monumental si diéramos a entender que este bodrio antijurídico está logrando, al menos, el supuesto y loable fin que dice perseguir y que se supone no es subvencionar a chiringuitos feminazis o colocar a correligionarios con esplendidos salarios, sino, por el contrario, reducir el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas masculinas. Si el año 2022 no se redujo ni un ápice el número de mujeres asesinadas en 2021 —se incrementó de hecho de 48 a 49—, sólo en lo que llevamos de año ya han sido asesinadas 42 mujeres.
Ni que decir tiene que el enésimo fracaso de este bodrio antijuridico —sin parangón en ningún otro país de nuestro entorno— únicamente ha servido para que el Ministerio de Igual da active su circense "comité de crisis" sin que Irene Montero —directa responsable de ese otro bodrio antijuridico que constituyó la "ley sueltavioladores", también conocida como "ley del sólo sí es sí"— haya dado la cara ante el aumento de esta lacra que tanto dice combatir. Claro que si de lo que se trata es de utilizar esta lacra para nutrir con dinero del contribuyente este ministerio de Igual da y de los chiringuitos que se financian de su pesebre, entonces no se puede negar el éxito a Irene Montero: cuando ella accedió al cargo en 2020 los presupuestos del Ministerio contemplaban 220 millones de euros mientras que ahora superan los 320 millones.
Así las cosas, sólo cabe preguntarnos cuántas mujeres más han de ser asesinadas para darnos cuenta de que discriminar por razón de sexo en la lucha contra la violencia no es eficaz para reducir el número de mujeres asesinadas. Y eso, por mucho que se criminalice al hombre por el mero hecho de serlo.