De lo visto el martes en el Congreso queda meridiano el gran prestigio de las lenguas autonómicas. Por eso el diputado Borja Sémper se lanzó a hablar en vasco, para no quedar como un maketo ignorante o como un pobre castellano de esos que sólo saben hablar español. Grande Sémper. He ahí un diputado que actúa en conciencia. No como los del PSOE que critican la amnistía en privado, pero se callan como comadrejas en público. Pero si había un momento en el que era mejor no usar ninguno de los idiomas cooficiales ese era precisamente el que eligió el diputado popular para mostrar su euskalduna desenvoltura. Sémper, el vasco, el nuevo diputado Casero del PP. Casero, sí, la mano derecha de Teodoro que se equivocaba de botón en las votaciones.
Total que los independentistas catalanes, vascos y gallegos ya están dispensados de hablar en español en el Congreso, pero el ministro Albares no consiguió que se aceptara el catalán como nuevo idioma oficial de la Unión Europea. El hombre llevaba el encargo de trasladar a las instituciones comunitarias los nuevos usos lingüísticos del Congreso de los Diputados, pero topó con la resistencia de los países nórdicos. Para suavizar las negativas, el ministro de Sánchez se centró en la defensa del catalán aparcando la oficialidad del vasco y el gallego, cosa que ha irritado mucho a los herederos de Sabino Arana.
El ridículo de Pedro Sánchez en Europa es enorme. Nadie entiende que enviara a una vicepresidenta de su Gobierno a hablar con el prófugo Puigdemont o que haya obligado a Albares a humillarse defendiendo por los pasillos de Europa los postulados lingüísticos de los partidos golpistas. Y es que no saben lo que es capaz de hacer Sánchez para retener el poder. Para él no existen las líneas rojas. Lo de pretender que el idioma catalán sea oficial en la UE y el desprecio por el español implícito en la mamarrachada del Congreso son cuestiones de menor calado en comparación con la amnistía y la autodeterminación.
El indultado Junqueras ha desvelado que la amnistía es cosa hecha. Se ha cargado el factor sorpresa. Superada esa pantalla, la del blanqueo de los delitos separatistas, ya solo queda hablar de dinero. Según Puigdemont, España le debe a Cataluña 450.000 millones de euros. No se cortan ni un pelo y aún no han llegado al fondo de las tragaderas de Sánchez. La autodeterminación vendrá luego.