El salvaje ataque perpetrado por la organización terrorista Hamás contra la población civil de Israel ha puesto en duda la concesión de fondos públicos a las autoridades palestinas. En un primer momento, la UE anunció la suspensión de ayudas, pero, posteriormente, tras el rechazo frontal expresado por algunos estados miembro, entre ellos España, la Comisión Europea se limitó a señalar que revisará esta financiación para garantizar que el dinero no acaba en manos de los terroristas. Se trata de un grave error, uno más.
La UE es uno de los principales donantes, ya que destina cerca de 300 millones de euros en ayudas y subvenciones a los palestinos, de lo cuales cerca de 200 millones van directamente a financiar los gastos del gobierno palestino, que, hoy por hoy, está dividido en dos facciones enfrentadas: Al Fatah, que controla Cisjordania, y Hamás, en Gaza. Y dentro de Europa, destaca España, puesto que ha destinado cerca de 900 millones de euros a los palestinos desde 1994.
Este tipo de financiación constituye un problema por varios motivos. En primer lugar, porque, al igual que sucede en general con la denominada Ayuda al Desarrollo, la efectividad de estas ayudas es nula para la consecución de sus objetivos. Ninguna Ayuda al Desarrollo ni programa de Cooperación ha logrado nunca sacar de la pobreza a un solo país. Más bien al revés. La recepción de fondos extranjeros se convierte en un negocio y en un modo de vida para los gobiernos que reciben semejante dinero fácil.
Lo que sucede normalmente cuando se subvenciona la pobreza es que se obtiene más pobreza. El pueblo palestino es un buen ejemplo de ello. Sus autoridades ingresan miles de millones de euros desde hace años bajo la excusa de combatir la pobreza, la desigualdad y ahora también el cambio climático, y el resultado ha sido desastroso.
Sigue siendo una de las zonas más pobres del mundo, con una tasa de desempleo desorbitada y con unos servicios públicos inexistentes o de bajísima calidad. Y todo ello sin contar que la Autoridad Palestina es una dictadura en sí misma, mientras que Hamás es una de las peores organizaciones terroristas del mundo, y su objetivo no es otro que borrar a Israel del mapa.
Buena parte del dinero público que se envía a los palestinos no se usa para cubrir las necesidades básicas de la población, sino que acaba en el bolsillo de sus políticos corruptos. Y eso en el mejor de los casos, puesto que dichos fondos también se desvían para financiar el terrorismo islamista. Es muy difícil, cuando no imposible, garantizar el destino final de las ayudas. La revisión anunciada por la UE servirá de poco.
Y lo mismo sucede con las subvenciones españolas. Los objetivos que persiguen los programas financiados con el dinero de los contribuyentes es absurdo e irreal, ya que o bien no han logrado ninguna de las metas pretendidas, evidenciando así su absoluta ineficacia, o bien establecen finalidades que en ningún caso va a cumplir el gobierno palestino, como la igualdad de las mujeres o el respeto a los derechos y libertades individuales, siendo estos territorios donde rige la sharía.
No se puede subvencionar la miseria ni el terror. La llegada constante de fondos públicos extranjeros a las autoridades palestinas constituye un incentivo perverso para mantener a su población en la más absoluta pobreza, al tiempo que alientan el odio hacia Israel con relatos falsos y engañosos para seguir recabando apoyo a nivel político e internacional.