Financiación española del terrorismo palestino

En raras ocasiones la estructura de una organización terrorista consolidada se limita a su núcleo armado. Todo lo contrario, lo que encontramos en esa estructura es, junto a este último, una constelación de entidades formales o informales que, bajo el liderazgo de la organización, desempeñan funciones especializadas en los terrenos político, financiero, ideológico, de propaganda, de asistencia social y, en general, de encuadramiento de la comunidad humana sobre la que se sustenta su legitimación en la parte de la sociedad sobre la que se apoya. En el caso de ETA, por ejemplo, lo hemos visto con relación a las entidades que se asociaron al Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV); unas entidades que, como he estudiado cuantitativamente en mi libro La financiación del terrorismo (Ed. Almuzara), jugaron un papel muy relevante en la financiación de esa banda terrorista.

Cuando observamos el caso de Palestina, donde operan varias organizaciones terroristas, nos encontramos con ese mismo tipo de estructuras. En lo concreto, por lo que aquí nos interesa, el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) —una organización reputada como terrorista no sólo por el Estado de Israel, sino también por la Unión Europea y los Estados Unidos— reproduce ese esquema rodeándose de un amplio elenco de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) a través de las cuales obtiene recursos financieros aportados tanto por la UE, como por los gobiernos nacionales de sus países miembros —entre ellos, España— y otras administraciones sub-nacionales.

El think tank israelí NGO MONITOR ha reunido una abundante información sobre las principales ONGs vinculadas con al FPLP, acerca de sus actividades y su financiación. Las veinte entidades que se van a analizar aquí (véase el cuadro) desempeñan funciones muy variadas que se extienden sobre la asistencia jurídica —caso de Addamer, para los terroristas presos, JLAC, para las comunidades palestinas, BADIL, para los refugiados, y PCHR y Al-Haq, para los derechos humanos—; el encuadramiento de la infancia y la juventud —DCI-P e YMCA— o de las mujeres —UPWC, WATC y WCLAC, esta última centrada en la violencia de género—; los servicios de salud —UHWC, HWC y PMRS—; el desarrollo rural —PARC y UAWC—; la formación profesional —Ma’an—; el desarrollo sostenible —ARIJ—; y la promoción de la sociedad civil —CFTA y Bisan—. También hay que mencionar en lugar destacado a PNGO, una organización encargada de coordinar una red de 142 ONGs palestinas a las que presta asistencia administrativa y ayuda en sus gestiones destinadas a obtener recursos, a la vez que sirve como vehículo ideológico e instrumento para el montaje de campañas contrarias a los intereses de Israel.

La mitad de estas ONGs están encuadradas orgánicamente en el FPLP, dándose la circunstancia de que siete de ellas han sido declaradas como organizaciones terroristas por el Ministerio de Defensa de Israel. La otra mitad se relacionan con el FPLP a través de la mencionada PNGO, excepto en dos casos —los de YMCA y WATC— cuyas conexiones con la organización terrorista son más bien indirectas. Por otra parte, debe señalarse que salvo en cinco casos —JLAC, CFTA, HWC, ARIJ y WCLAC— para los que se difunde una exigua información financiera —ingresos y gastos totales—, estas ONGs no publican ni auditan sus cuentas, con lo que no es posible establecer cuál es el destino final de los recursos que obtienen a través de la ayuda internacional. La ausencia de control, transparencia y rendición de cuentas con respecto a los proyectos concretos que justifican formalmente esa ayuda, hace que las entidades nacionales, regionales o supranacionales que la ofrecen no sean capaces de verificar los posibles desvíos de fondos hacia la organización armada. Esto último no impide señalar que estamos ante casos de financiación del terrorismo, dada su vinculación con esta última y su función especializada en conexión ella.

Dicho esto, señalaré que, por lo que concierne a España, durante la última década, catorce Administraciones Públicas y una ONG domiciliada en Bilbao han destinado 36 millones de euros a las ONGs palestinas a las que me estoy refiriendo. Como se puede apreciar en el cuadro, casi dos tercios de esos recursos los han obtenido las ONGs afiliadas al FPLP, en tanto que el otro tercio corresponde a las que se vinculan indirectamente con esta organización terrorista. El destino terrorista de al menos la mayor parte de esos fondos, es indiscutible. Por tal motivo, conviene recordar ahora que el 46,9 por ciento de ellos procede del Gobierno Vasco —a través de Elankidetza, su agencia de cooperación— y que otro 32 por ciento ha salido del Tesoro español —a través de la AECID—. A esto se suma un 14,5 por ciento adicional aportado por varias administraciones vascas —Diputaciones Forales de Guipúzcoa y Vizcaya, y ayuntamientos de Vitoria, San Sebastián, y Bilbao—, así como la mencionada ONG vizcaína —Solidaridad Internacional—. Se añaden además el Gobierno de Navarra y el ayuntamiento de Pamplona, con un 4,9 por ciento, así como la Diputación de Málaga, el gobierno de Andalucía —a través de la AACID— y los consistorios de Barcelona, Málaga y Rivas-Vaciamadrid, con el restante 1,7 por ciento.

Los datos son inequívocos y, por ello, cabe exigir responsabilidades, no sólo por la inmoralidad que implica la financiación del terrorismo —incluso aun cuando pudiera alegarse ignorancia—, sino porque ésta es en España un delito. Las administraciones concernidas deberían auditar, en lo inmediato, el destino de los fondos que han transferido a las ONGs palestinas vinculadas con el FPLP y suspender cualquier ayuda hasta que no se clarifiquen las circunstancias de su empleo. Las eventuales responsabilidades penales debieran también ser planteadas en el ámbito de la Audiencia Nacional.

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