Ha bastado anunciar que el ministerio de Hacienda va a publicar la información necesaria para la elaboración de las balanzas fiscales de las Comunidades Autónomas para que se haya desencadenado la algarabía de los que, siendo ignorantes en la materia, se han metido en el charco de las reclamaciones referidas a unas supuestas deudas históricas del Estado con esta o aquella región española. Por cierto que, tal anuncio ha coincidido con la retirada de las webs oficiales de toda la información correspondiente a los resultados de las Cuentas Públicas Territorializadas, el único lugar en el que los políticos impregnados de la retórica nacionalista podrían haber encontrado algún sosiego para no lanzarse por la cuesta abajo de los disparates contables.
Esta semana le ha tocado la china a la presidenta de Extremadura, doña María Guardiola, que se fue a Madrid, al Club Siglo XXI, a reclamar lo que cree suyo —o de todos los extremeños que aún no han abandonado su terruño, lo que es más o menos lo mismo—, que ha valorado, para el último cuarto de siglo, en nada menos que 10.533 millones de euros. "Ha llegado el momento de saldar cuentas —ha dicho enfáticamente— y de que se cumpla el principio de solidaridad", achacándole de paso al presidente Sánchez —porque estas cosas hay que argumentarlas siempre acudiendo a esa retórica partidaria incisiva en el tópico— que "sólo atiende a chantajes y privilegios" de sus socios independentistas. Más aún, la señora Guardiola reclamó al Estado "una inversión territorializada equitativa", eso sí, sin aclarar a qué equivale este concepto, y apeló a la Constitución para que "se armonice el desarrollo regional de manera justa e igual", también sin especificar qué significado económico puede tener esta expresión.
De lo dicho por Guardiola deduzco que se ha percatado de que las inversiones públicas llevan un buen número de años descendiendo, aunque no se ha dado cuenta de que ello no afecta sólo a Extremadura, sino que se extiende sobre todo el territorio nacional. Pero lo que al parecer ignora la presidenta extremeña es que los dineros del Estado en el plano regional no se limitan al programa de inversiones, sino que se extienden por todas las partidas de ingresos y gastos que se contemplan en sus Presupuestos Generales. "¡Ay! Qué dolor. Contigo todo lo tenía y ya no tengo nada", como cantaban Los Chunguitos. Porque si nos atenemos a lo que acabo de señalar, la señora Guardiola sabría que el saldo de la balanza fiscal de Extremadura no sólo tiene un signo positivo, sino que es el más abultado de todas las Comunidades Autónomas. Las mencionadas Cuentas Públicas Territorializadas nos dicen que su cuantía es del orden del 17,5 por ciento del PIB de esa región. Esto significa que, en promedio, durante el último cuarto de siglo Extremadura ha recibido, en términos netos, 690,7 millones de euros gracias a que nuestro sistema económico, con todos sus defectos, es relativamente solidario. No negaré que, en su configuración, existen privilegios intolerables, especialmente con respecto al País Vasco y Navarra, como desde estas mismas páginas no me he cansado de criticar desde hace ya bastantes años. Y no negaré tampoco que, a la vista de lo que se comenta en esas oscuras reuniones entre el PSOE y Junts o entre el PSOE y ERC, estamos a las puertas de su extensión hacia Cataluña. Pero eso no autoriza a una autoridad regional, como es la presidenta de Extremadura, a sacarse de la manga, como hacen los nacionalistas catalanes y vascos, una deuda histórica inexistente. Y si los números pueden servir de algo, la señora Guardiola debería haber tenido en cuenta que, entre 1998 y 2023, el saldo fiscal extremeño ha sumado algo más de 17.000 millones de euros, una cifra ésta superior a la que ella —tal vez por ignorancia, por demagogia o porque a su apellido, de origen catalán, acompaña un deje nacionalista— reclama.