Pere Aragonès llegó al Senado, soltó sus exigencias, se fue y no hubo más. Los campeones del diálogo, o bien no vienen, o si vienen es para negarlo. ¡Y qué manera de abandonar el hemiciclo!, pareciera alma que lleva el diablo.
Más de un presidente autonómico le reprochó el desplante: "la mala educación no puede representar a Cataluña ni a los catalanes". Jorge Azcón, presidente de Aragón no reparó que la grosería sólo era el cálculo teatral en clave interna para ganar el pulso a Puigdemont en el negocio ese de la hispanofobia. En realidad están más empecinados en ganar la poltrona de la Generalidad, que lograr la independencia. O dicho de otro modo, sin la independencia se puede seguir viviendo muy bien, sin el presupuesto de la Generalidad, no tanto.
No se crean que escandalizó demasiado. Están tan manoseados sus desplantes a la Constitución, que ya sólo producen hastío. Sobre todo cuando se ponen en plan Calimero: "Si les importara Cataluña nos convocarían para resolver el déficit fiscal de 22.000 millones anuales… si les importara Cataluña…." Y así un pliego de agravios infinitos. Su masoquismo es insoportable. Y ya puestos, dejó al cómplice de la Moncloa en cueros: "La amnistía no es el punto final, es el punto de partida […]". El destino, la independencia. Como escribiera el socialista Pedro Bofill, "La amnistía es el problema, no la solución".
El diálogo que ha mostrado hoy el presidente de la Generalidad en el Senado negándose a saludar a su presidente y a escuchar al resto de senadores, debería hacer reflexionar a España entera. Estamos ante supremacistas que ya no guardan ni las formas. Lo que no permitirían a la derecha española por el mero hecho de ser derecha, se lo consienten a exetarras como Arnaldo Otegui o a hispanófobos como Pere Aragonès. O quizás todo se reduzca al síndrome del niño consentido.
No hay peor educación para un hijo de padres divorciados, que uno de ellos, para ganarse el favor del hijo común, le consienta todo y le colme a regalos, mientras el otro cónyuge carga con el esfuerzo de ponerle límites para ayudarle a crecer. Raro es el caso, que tales hijos no acaben por abusar de ambos. Pero lo que es seguro, es que si los dos padres compiten demagógicamente por ganarse el favor del hijo, o lo que es peor, rivalicen en desprestigiar al otro, salga sano. El mejor caldo de cultivo para provocar el síndrome del niño consentido.
No sería un disparate comparar el comportamiento de esos padres, con el del actual panorama político español, donde Pedro Sánchez consiente, regala y malcría, y el centro derecha pone límites.
Imagínense este escenario, la España de Pedro Sánchez después de haber eliminado el delito de sedición, conceder la amnistía y pactar una consulta no vinculante. No es descabellado, que en unas próximas elecciones, con los nacionalistas cada día más insoportables, el PSOE pierda las elecciones y pase a gobernar el PP de Feijóo. ¿Alguien se imagina qué pasaría si el nuevo gobierno de derechas quisiera restaurar el delito de sedición y poner límites constitucionales a la deriva independentista de los nacionalistas? No es difícil imaginar a un nacionalismo catalán con síndrome de niño consentido saliendo a la calle de nuevo, inflamado por la autoridad que le da la complicidad de un PSOE vendido a la plurinacionalidad y el odio a España.
Hoy las guerras sociopolíticas de las sociedades occidentales no se ganan con violencia bélica, sino con el favor de los imaginarios colectivos que previamente se han adobado hasta lograr cosmovisiones mayoritarias. No son los tanques, imbécil, son las escuelas, los medios de comunicación, los guiones de series y películas y la vulgaridad de las RRSS que se venden al diablo del populismo. Y sobre todo, con dirigentes sin principios, valores ni escrúpulos. Frente a esa amenaza, Isabel Díaz Ayuso citaba a Julián Marías: "no hay que contentar a los que no se van a contentar". Nunca.
A los padres separados: sean decentes, sus hijos son lo primero. Respétenlos, respétense.
PD: Todas las intervenciones individualizadas del Debate sobre la aplicación efectiva de los principios de igualdad ante la ley de todos los españoles, y de solidaridad entre las comunidades autónomas.