A la vista de las declaraciones de los representantes de algunas formaciones separatistas y de algunos socios podemitas de gobierno, parecería que a Pedro Sánchez se le estaría complicando, muy gravemente, la posibilidad de recabar apoyos suficientes de cara a una sesión de investidura que, aun no teniendo fijada todavía su fecha, habrá de celebrarse inexorablemente antes del cada vez más próximo 27 de noviembre.
Tal es el caso de la nada disimulada indignación de las ministras podemitas Ione Belarra e Irene Montero con el acuerdo de gobierno firmado entre el PSOE y Sumar —disparatado y empobrecedor acuerdo que las ministras comunistas aun consideran "insuficiente" y al que no acudieron a su firma—, unido a la nada disimulada guerra entre Pablo Iglesias y Ada Colau, que apunta a una retirada de la asignación económica a los diputados podemitas y su paso al grupo mixto.
Tal es el caso también de la exigencia que el golpista prófugo Carles Puigdemont ha trasladado a los negociadores del PSOE consistente en la incorporación del "reconocimiento de Cataluña como nación" en el acuerdo político que ha de incluir también la futura Ley de Amnsitía; exigencia que, aparentemente, ha hecho encallar las negociaciones con el PSOE y que ha llevado al presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano Garcia-Page, a volver a alzar la voz y considerarlas "intolerables".
No negamos lo absolutamente decisivos que son los cinco diputados de Podemos —no digamos ya los siete de Junts— para que Sánchez sea investido. Aun así, seguimos, desgraciadamente, y muy a nuestro pesar, considerando ilusoria la posibilidad de una repetición electoral. Y es que una cosa es el ruido, las tensiones y los maximalismos en un proceso de negociación que ha de agotarse para exprimir al máximo a un candidato a la presidencia con tan nihilistas tragaderas como Pedro Sánchez; y otra muy distinta que la extrema izquierda podemita o los separatistas estén pensando seriamente en favorecer, ya sea con la abstención, ya sea con el voto negativo a la investidura de Sánchez, la repetición electoral que tanto reclaman el PP, Vox y lo que queda de la España constitucionalista.
Para empezar, aceptar la "exigencia" del reconocimiento de "Cataluña como nación" en un acuerdo político será muestra de la ilimitada ignominia de Pedro Sánchez pero carece de todo efecto jurídico. Se trata, además, de una exigencia de Puigdemont que delata el caso omiso que el propio presidente del alegal Consejo por la República catalana —no digamos ya las directivas de Junts y del resto de formaciones secesionistas catalanas— han dispensado a la votación de este martes en las que un grupo de militantes separatistas han reclamado el "bloqueo" de la investidura de Sánchez.
Por otra parte, no hay que olvidar que el propio presidente en funciones, no ahora sino ya hace tiempo, se ha mostrado públicamente favorable a una reforma federalista que instaurase la condición "plurinacional del Estado español", sin decir —eso, no— el nombre y el número de las naciones que supuestamente pasaría a abarcar el Estado plurinacional español.
No creyendo, pues, que este disparate sea escollo para el nihilista de Sánchez, tampoco creemos que lo sea la indignación de los diputados de Podemos respecto al ninguneo al que les está sometiendo el pacto entre el PSOE y Sumar. Aun cuando ese ninguneo sea, en parte, cierto, ¿van a los cinco diputados podemitas a correr el riesgo de una repetición electoral que podría conllevar la ya absoluta desaparición de Podemos y llevar a sus cinco diputados a engrosar las filas del paro?
No lo creemos. A quien creemos, por una vez y sin que sirva de precedente, es lamentablemente a Pedro Sánchez cuando afirma que ve su investidura "cada vez más cerca". Ojalá, y sólo en esto, nos mintiera.