Tras el pacto de investidura del PSOE con ERC alcanzado en los pasados días, el acuerdo para sumar también los votos del partido de Puigdemont es solamente cuestión de tiempo. Sánchez se hará así con los apoyos necesarios para reeditar su Gobierno Frankenstein, aunque el peaje que se ha comprometido a pagar al independentismo haga poco probable el agotamiento de la presente legislatura.
Sánchez ha prometido acuerdos de imposible aplicación, bien porque quedan fuera de su competencia como ocurre con la lluvia de millones otorgada a la Generalidad, bien porque son abiertamente anticonstitucionales, como su proyecto de amnistía a los separatistas condenados por la intentona golpista del 1-O.
En este espectáculo de humillación a un presidente del Gobierno como jamás se ha visto en ninguna democracia, Puigdemont obliga a Sánchez a firmarle un documento por el cual se propone extender la amnistía a todo tipo de delitos, siempre que hayan sido cometidos por esbirros del separatismo. Es el llamado lawfare, eufemismo utilizado por el grupo separatista para obligar al Estado a dejar de perseguir las golferías de sus correligionarios más corruptos. Se trata, por tanto, de una amnistía a la carta que Puigdemont y Junqueras podrán estirar lo que consideren oportuno dejando sin efecto la acción de la Justicia y garantizándose la impunidad para seguir cometiendo delitos.
Precisamente este último aspecto ha sido enfatizado en la resolución del Consejo General del Poder Judicial, un documento sin precedentes que advierte al Gobierno de sus graves responsabilidades en caso de perpetrar la amnistía acordada con los separatistas catalanes. El órgano de los jueces, tras manifestar "su intensa preocupación y desolación", afirma que la proyectada ley de amnistía supone la "degradación, cuando no la abolición, del Estado de derecho en España" convertido de hoz y coz "en un objeto de mercadeo al servicio del interés personal" del presidente del Gobierno.
El CGPJ recoge también en su documento la dimensión internacional de la amnistía anunciada por el Gobierno, al señalar que su aprobación vulneraría "los compromisos asumidos por España en los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea para que en todo momento prevalezcan los principios de Estado de derecho e independencia judicial".
Las advertencias de los mejores juristas y el rechazo frontal de la sociedad civil a esta incalificable perversión del derecho en beneficio de un advenedizo nos abocan a una legislatura tumultuosa que, con toda probabilidad, echará a andar ya la próxima semana.