De cara a la amnistía, en la sede de Junts per Catalunya (JxCat) han debido abrir una ventanilla para que sus militantes depositen las multas de tráfico. Al principio de la negociación para que Pedro Sánchez pueda seguir en la Moncloa probablemente sine die se hacían bromas con la inclusión en la amnistía de los Pujol o de la señora Laura Borràs, condenada por fraccionar contratos para un amigo cuando dirigía un chiringuito pomposamente denominado "Institución de las Letras Catalanas".
Pero no, no eran bromas. Ni siquiera es una broma que la amnistía vaya a beneficiar al abogado de Puigdemont procesado en la actualidad por blanqueo de capitales del narcotraficante Sito Miñanco. Sí, Boye, uno que estuvo en la cárcel por el secuestro de Emiliano Revilla. Gran antecedente. De hecho, la única broma es que se vaya a incluir en la amnistía al exárbitro Negreira y a los presidentes del Barça que untaron a los trencillas durante décadas. Aunque dadas las circunstancias, tiempo al tiempo.
Ser catalanista es la nueva patente de corso en España, un aval para cometer toda clase de delitos siempre que se hagan en nombre de Cataluña. Da igual que los delitos tengan que ver con la pura y dura corrupción, con el narcotráfico o con el asalto a un aeropuerto. Para blanquearlo todo ahí están el Gobierno de Pedro Sánchez y sus emisarios, con el siniestro Santos Cerdán a la cabeza de los enjuagues. Todo sea por la Moncloa, por impedir la alternancia democrática, por evitar que las mayorías surgidas de las urnas tengan asiento en el poder.
Harán lo que haga falta, sin límites ni líneas rojas. Puede que un grupo de jueces independientes trate de frenar la tropelía, pero siempre encontrarán magistrados sensibles a las advertencias, veladas o manifiestas, de la dirección del PSOE, el cómplice necesario para que Cataluña no tenga remedio, para que siga en manos de la mafia nacionalista. La siguiente pantalla será el referéndum. No hay marcha atrás.