La "proyección" —término utilizado por Sigmund Freud en relación a las personalidades paranoides— consiste, muy básicamente, en un mecanismo de defensa por el que el sujeto atribuye a otras personas las propias virtudes o defectos, incluso sus carencias. En el caso de la más frecuente proyección negativa, esta opera en situaciones de conflicto o amenaza, atribuyendo a otras personas los impulsos o pensamientos que el sujeto se niega a aceptar o reconocer como propios. Pues bien. Es público y notorio hasta qué punto los comunistas, a lo largo de su historia, han utilizado este mecanismo de proyección como medio orwelliano de desinformación, agitación y propaganda contra sus adversarios políticos, mecanismo que el gobierno social-comunista de Sánchez y sus aliados está utilizando con total descaro, no sólo contra el PP y Vox, sino también contra jueces, magistrados o simples ciudadanos que se manifiestan en defensa de la Constitución y en contra de esa demolición de nuestro Estado de derecho que implica la amnistía que los golpistas, ya condenados o prófugos, le exigen a cambio de su investidura
Ejemplo insuperable de ello son las acusaciones más o menos veladas de "prevaricación", "falta de respecto a la Constitución", "golpismo" o "terrorismo callejero" que contra todos ellos están dirigiendo, no sólo las formaciones separatistas, sino también el gobierno social-comunista en funciones. En este sentido, su portavoz Isabel Rodríguez ha tenido la desfachatez de acusar veladamente de "interferir" al juez Manuel Garcia Castellón por el auto en el que vincula a Carles Puigdemont en los actos de terrorismo callejero que la plataforma Tsunami Democratic perpetró contra las sentencias del proces. Alega la portavoz del gobierno que "hay otros operadores jurídicos que tienen criterios distintos" al juez, en referencia a la fiscalía; eso, sin recordar que el Ministerio Público cambió de criterio, como le ha pasado a Sánchez, sólo tras los resultados de las últimas elecciones generales que dictaminaban que, sin el apoyo de todas las formaciones separatistas —incluidas la de Puigdemont y la de la también imputada en este auto, Marta Rovira—, Sánchez no podría ser reelegido como presidente. Así, lo pone de manifiesto el informe de la fiscalía del pasado 19 de julio que aun sostenía que "en el parecer del Ministerio los hechos objeto de la presente causa son susceptibles de ser calificados como delitos de terrorismo de los artículos 571 y siguientes del Código Penal, tal y como ha venido manteniendo desde el inicio de las actuaciones la Fiscalía mediante dictámenes que se ratifican en el presente". Sabíamos por boca del propio Sánchez "quien manda en la fiscalía", pero el Ministerio Público podría haber disimulado un poco a la hora de ponerse tan descaradamente al servicio de esta ilegitima investidura.
Otro tanto se podría decir del exdiputado del PSOE que pasó a ser vocal del Consejo General del Poder Judicial, Álvaro Cuesta, tachando de "ilegal" y tratando de boicotear la encomiable declaración institucional del Órgano de Gobierno de los Jueces del pasado lunes que denunciaba acertadamente la amnistía como "la abolición del Estado de derecho".
Y ¿qué decir de los exabruptos del gobierno y de las formaciones separatistas tachando de "antidemocráticas", "anticonstitucionales" y propias de la "extrema derecha" las pacificas y multitudinarias manifestaciones de ciudadanos constitucionalistas en las cercanías de las sedes del PSOE para denunciar tan gravísimo atentado contra nuestro Estado de derecho? A la vista de esos exabruptos y de la liberticida forma con la que el gobierno las ha reprimido policialmente parecería que, para el gobierno, el terrorismo callejero no es el relacionado con los CDR, Tsunamic democratic o los batasunos, sino con los manifestantes constitucionalistas contrarios a la amnistía
A este respecto, no negamos en absoluto —todo lo contrario— la posibilidad de que se sume a estas legitimas concentraciones algunos indeseables, exaltados o nostálgicos del franquismo, como tambien advertímos incluso de la posibilidad, tal y como denuncia Santiago Abascal, de que el PSOE haya podido mandar alborotadores para denigrarlas. Lo que nos parece evidente es que eso tampoco sería excusa para denigrar como antidemocráticas unas manifestaciones protagonizadas en su práctica totalidad por personas demócratas y pacificas que lo que pretenden es precisamente que se celebre unas nuevas elecciones generales; unas elecciones que el gobierno social-comunista trata de impedir con el concurso de unas formaciones golpistas que, abierta y públicamente, lo que buscan es el fin del ordenamiento constitucional y de la unidad de la nación española entendida como Estado de derecho. A este respecto, no podemos sino secundar la denuncia de los sindicatos policiales que han censurado las ordenes políticas contra esta manifestación —represión que ha incluido botes de humo y gas lacrimógeno— y la petición de destitución que han dirigido contra el delegado del gobierno en Madrid Francisco Martín Aguirre por ordenarlas.
Cada vez queda menos tiempo para saber si esta resistencia, que ha de ser siempre cívica y pacífica, de los partidarios de la Constitución y del Estado de derecho —ya sea desde los ayuntamientos, desde las comunidades autónomas, desde las asociaciones y organismos judiciales, desde las calles o incluso desde la Unión Europea— logran abortar esta deriva antidemocrática. Pero de lo que ya podemos estar seguros es que, sin ella, la podriamos ya dar por consumada.