A los jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad desafectos "al bloque de progreso", reos todos ellos de lawfare, los van a investigar: "Un Tribunal especial formado por catorce jueces populares que serán designados por los Comités de los partidos que integran el Frente Popular y organizaciones sindicales", se publicaba el 26 de agosto de 1936, en el número 239 de la Gaceta de Madrid. Los socialistas solo tienen que actualizar las fechas y cambiar Tribunal por Comisión parlamentaria. Aizpurua, Rufián, con el comunista Santiago. Bolaños de presidente y Álvarez de UGT y Sordo de CCOO, como secretarios. No hay juez derechista, ni servidor público que se les resista. "Del funcionario negligente y desafecto, al magistrado poco celoso en la aplicación de la ley, deben saber que el Gobierno tiene medios para, de una manera fulminante, hacerles sentir todo el peso de la autoridad". Manuel Azaña, Diario de Sesiones, 20 de octubre de 1931.
Los grupos de presión, de cabildeo, en que se han convertido CCOO y UGT, valoraron muy positivamente los acuerdos del autócrata Sánchez con el golpista Puigdemont y aprovecharon para pedir su parte. No hay que descartar que quieran participar en esas comisiones de depuración; lo que sí exigen es "protección".
Lean ustedes este párrafo del comunicado que Pepe Álvarez y Unai Sordo firmaron tras el acuerdo con Junts (el resto del texto es filfa): "De acuerdo con lo establecido en la Constitución, que recoge el carácter nuclear que tenemos los interlocutores sociales en la conformación de un estado social y democrático de derecho, UGT y CCOO apostamos por que el diálogo social sea un elemento central en la gobernabilidad de las relaciones laborales y socioeconómicas en estos próximos cuatro años. Para ello será imprescindible el desarrollo de una ley que proteja el carácter institucional que nos ha reservado nuestra norma fundamental de convivencia".
¿Por qué los sindicatos, 45 años después de su reconocimiento constitucional, piden una ley que les proteja? Retrocedamos a 2004. Zapatero ha ganado las elecciones y Jesús Caldera es nombrado ministro de Trabajo. Como segundo en el Ministerio —secretario general de Empleo— Valeriano Gómez, quien mantenía una excelente relación con los sindicatos.
El runrún del fraude en los cursos de formación, con partidas millonarias malversadas, iba en aumento, a la par que el fraude de los expedientes de regulación de empleo (EREs), el mayor perpetrado en España. Desde el Ministerio de Trabajo propusieron a los sindicatos finalizar con los ingresos vía cursos de formación, que daban pie a todo tipo de irregularidades, y buscar una forma de finaciación directa y transparente. Una financiación que estuviese justificada en su papel institucional, su contribución al dialogo social y a la negociación colectiva.
La propuesta no fue bien recibida por los maxímos dirigentes sindicales. Suspicaces por antonomasia y conservadores por convicción, eran parte del tinglado y no quisieron o no supieron ver las ventajas de esa propuesta. Contaban con la protección de Zapatero. La desastrosa gestión económica de la crisis acabó con el Gobierno socialista y la mayoría absoluta del PP. Se empezaron a eliminar subvenciones a los sindicatos. El 20 de marzo de 2015, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobaba la reforma de la Formación Profesional para el Empleo que eliminaba a sindicatos y patronal de la gestión de los cursos de formación. La ministra Fátima Báñez explicó que la presencia de los agentes sociales en los órganos de gestión "permitía que pudieran actuar como ‘juez y parte’, teniendo en cuenta que eran la patronal y los sindicatos los que evaluaban las ofertas de los centros de formación, entre ellos, los suyos propios".
Las estructuras que UGT y CCOO habían creado para gestionar los cientos de millones de las convocatorias estatales de subvenciones para la formación de trabajadores —el Ifes de UGT y la Forem de CCOO— se quedaron sin recursos y cientos de empleados fueron despedidos.
Hoy piden una ley que les proteja, es decir que les aseguré ingresos suficientes y que estos se fijen en los Presupuestos Generales del Estado. Han fracasado, incapaces de tener una finanzas saneadas que les aseguren independencia frente al gobierno de turno. Es el reconocimiento de su condición de sindicatos del régimen. Apelan al diálogo social, que se ha convertido en un trágala para la patronal: "O firmas o decreto ley".
En 2004 a los máximos dirigentes sindicales les preocupó que la opinión publica rechazase esa financiación, máxime si venía de una administración socialista. Hoy ese temor no existe. Al electorado del Nuevo Frente Popular todo le parece bien con tal de que no gobierne la derechaextremaderecha.
A fin de cuentas ya lo dijo Azaña: "La República está fundada en la voluntad del pueblo republicano, que es la inmensa mayoría". Hoy es el "pueblo progresista". Al resto, 11 millones, que los zurzan. Para los díscolos el Tribunal Especial.