Bien está que el PP haya aprobado la reforma del Reglamento del Senado para retrasar lo más posible la entrada en vigor de la inconstitucional Ley de amnistía con la que el presidente del gobierno ha comprado el apoyo de los golpistas a su investidura. Bien está que el PP, por fin, haya iniciado en Bruselas la denuncia contra lo que, sin exageración alguna, constituye el mayor atentado contra los fundamentos de una democracia liberal que haya sufrido un país europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Bien está que Asociaciones de Jueces y Magistrados se hayan unido al duro informe emitido por el Consejo general del Poder Judicial en la que se denunciaba esta amnistía como "la abolición de nuestro Estado de derecho". Bien está que la involución democrática que está padeciendo España se denuncie en el extranjero y que la principal asociación internacional de jueces también se haya pronunciado contra el golpe de Sánchez. Bien está, finalmente, que haya españoles que no se cansen a la hora de salir a protestar contra esta involución democrática en manifestaciones cada vez más multitudinarias.
El tiempo dirá, sin embargo, si esta resistencia democrática sin precedentes de la sociedad civil española, no tanto contra la reelección de Pedro Sánchez sino contra el ilegal e ilegitimo precio que este felón se ha comprometido, consigue su objetivo.
Y es que lo que está dramáticamente en juego no es la continuidad o el cambio de un gobierno, sino el cambio de régimen que los golpistas y Sánchez han pactado como condición para su investidura. Por mucho que toda esta movilización nos brinde optimismo y esperanza, tampoco hay que caer en el ilusionismo de ignorar que el Órgano que finalmente habrá de dictaminar si esta involución democrática, que tanto atenta contra la igualdad de los españoles, contra el más mínimo residuo de separación de poderes y, en general, contra la persistencia de la nación española entendida como Estado de Derecho, es un Tribunal Constitucional presidido y mayoritariamente conformado por magistrados designados por el mismo partido de Sánchez que ha presentado la amnistía.
La cuestión, a este respecto, ya no es sólo hasta qué punto va Conde-Pumpido a ensuciar su toga con el polvo del camino con tal de satisfacer al gobierno que lo designó, primero, Fiscal General del Estado y luego, presidente del Tribunal Constitucional, sino qué van a hacer también los otros magistrados del Tribunal de Garantías designados por el PSOE frente a una amnistía que contradice no ya los más básicos conocimientos de Derecho Constitucional sino los propios pronunciamientos que estos magistrados hicieron en el pasado en defensa de su "clamorosa incompatibilidad" con nuestra Ley de leyes. Ejemplo paradigmático de ello es el actual magistrado del Constitucional y exministro de Justicia Juan Carlos Campo: en la exposición de motivos de la concesión del indulto particular al golpista Oriol Junqueras de 22 de junio de 2021, alegaba el entonces ministro de Justicia que: "A diferencia de la amnistía, claramente inconstitucional, que se reclama desde algunos sectores independentistas, el indulto no hace desaparecer el delito".
Si desde entonces se hubiera producido una reforma constitucional que pasara a admitir la figura de la amnistía —algo que los 'padres' de la Carta Magna descartaron y el Congreso de los Diputados frenó en dos enmiendas durante el proceso constituyente—, podríamos entender que los magistrados del Constitucional "cambiaran de opinión" y pasaran a valorar como constitucional lo que antes de la reforma no lo era. Pero desde 2021 lo único que ha habido son unas elecciones cuyos resultados no permiten a Sánchez perpetuarse en la poltrona sino es concediendo a las minoritarias formaciones separatistas algo que era, es y seguirá siendo claramente inconstitucional e incompatible con los fundamentos de una democracia liberal. No será la primera vez que las urnas son utilizadas para propiciar un cambio de la democracia a la tiranía, aunque pocas veces tan pocos habrán hecho tanto daño a tantos con tal de perpetuarse en el poder.