Los independentistas catalanes pretenden hacer creer a todo el mundo que el asalto al Aeropuerto de Barcelona perpetrado en respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo no fue para tanto, una travesura de estudiantes, algo así como una gamberrada que se les fue un poquito de las manos. Hay mucho de frivolidad en el separatismo, de inconsciencia e infantilismo.
El caso es que socialistas e independentistas han puesto en el punto de mira al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, entre otros, porque es el encargado de instruir ese asalto al aeropuerto, el caso Tsunami Democràtic, que fue el nombre con el que un grupo de notables bautizó la vasta operación para reactivar el golpe tras la condena a los líderes golpistas.
La "idea" de tomar un aeropuerto no se improvisa. Es todo lo contrario a una reacción espontánea. Ese independentismo de las coreografías norcoreanas cada 11 de septiembre ejecutó en octubre de 2019 una operación perfectamente calculada y programada. Escudados tras las masas convocadas por las instituciones, las organizaciones civiles y los partidos, los creadores del Tsunami separata produjeron una acción insurreccional en unas instalaciones de alta seguridad. Que sólo falleciera un ciudadano francés de un infarto fue un auténtico milagro.
Las imputaciones del magistrado son graves, a la altura de los hechos. El golpe de Estado de 2017 resultó novedoso en su formulación. Un golpe posmoderno, se dijo en su día, sin disparos, pero con la amenaza de un cuerpo armado de 17.000 efectivos: la policía de la Generalidad. El asalto al aeropuerto de El Prat combina elementos terroristas con el parapeto de una multitud que opera como escudo, camuflaje y distracción. No tiene nada que ver con una manifestación en una plaza o ante las puertas de un partido político y sí con un atentado a la seguridad nacional. Hablamos de una infraestructura crucial, no de un edificio abandonado.
El entrenador de fútbol Guardiola fue el encargado de emitir un mensaje en nombre del Tsunami Democràtic en el que acusaba a España de ser un Estado totalitario mientras miles de personas acudían a la llamada para tomar el Aeropuerto y cortar las carreteras como quien participa en una excursión con ribetes de ejercicios espirituales en nombre de la independencia de Cataluña. Por un lado, el catalanismo "cívico, pacífico y festivo", aquella revolución de las sonrisas que derivó en bruxismo. Por otro, la ocupación de una infraestructura básica como ejemplo de control del territorio. Lo que no se atrevieron a hacer en octubre de 2017, perpetrado dos años después porque el Tribunal Supremo había sentenciado a algunos de sus líderes a entre diez y doce años de prisión.
Que un juez advierta indicios de terrorismo en aquella acción es un grave contratiempo para el Gobierno de la amnistía y para los candidatos a la amnistía. No es previsible que el juicio sobre el Tsunami se celebre antes de la aprobación de esa norma, que en su artículo 2, apartado c, apunta que quedan fuera de la amnistía "los actos tipificados como delitos de terrorismo castigados en el Capítulo VII del Título XXII del Libro II del Código Penal, siempre y cuando haya recaído sentencia firme y hayan consistido en la comisión de alguna de las conductas descritas en el artículo 3 de la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017".
De modo que el problema no es que el juez considere que Puigdemont, Marta Rovira y otros encausados sean responsables de una acción terrorista, sino que eso mismo es lo que creen quienes han redactado la ley pactada entre el PSOE y sus socios independentistas. De ahí la prevención y el matiz de la sentencia firme.
No, aquello del Aeropuerto de El Prat no fue una protesta ciudadana. La protesta era el caballo de Troya. Otra cosa es que uno de los presuntos autores de la acción, el ínclito Puigdemont, esté negociando ahora con el Gobierno de Sánchez que se le ponga una escolta oficial.