Mundo Árabe para la Investigación y el Desarrollo (Arab World for Research and Development-AWRAD) es una empresa "pionera de investigación, consultoría y desarrollo". Sus oficinas ocupan una moderna torre de oficinas en el 43 de Kamal Nasser Street, en Ramala, la capital de la Cisjordania controlada por la corrupta administración de la Autoridad Nacional Palestina.
Frente a la fachada acristalada de la sede, un vertedero.
AWRAD recibe fondos del Banco Mundial, de nueve agencias de Naciones Unidas, de la Comisión Europea... La lista de entidades que la financian es extensa.
Los servicios que ofrece buscan el desarrollo sostenible, algo que sus indigentes paisanos deben apreciar mucho. Elabora estudios con títulos incomprensibles ("El impacto de género de la Gran Marcha del Retorno en la Franja de Gaza, con especial atención al impacto directo e indirecto sobre las mujeres y las niñas y su acceso a los servicios", por ejemplo) que recuerdan a los que UGT y CCOO le facturaban al Gobierno de Zapatero: "Fortalecimiento organizativo para el incremento de capacidades propositivas: auto-reforma sindical en la CGTP del Perú". Una ganga, solo costó un millón de euros.
También hace informes electorales; informes, que no encuestas. Están de sobra. Las últimas elecciones al Consejo Legislativo Palestino fueron en 2006. El más reciente publicado analiza los comicios a Consejos Locales (celebrados en marzo de 2022), y se aportan datos tan interesante como que en Nablús y Tulkarem la mayoría absoluta de los partidarios de Hamás apoyó las listas de Hamás y que esta tendencia se observó también entre los simpatizantes de Fatah, que votaron a los de Fatah. En Hebrón afinan y aseguran que el 80% de los de Hamas votó por los candidatos de esta organización terrorista. El lema de AWRAD es "la investigación de calidad importa". No informa del dinero que recibe, ni del coste de los estudios.
A finales del pasado mes de noviembre, la consultora presentó el resultado de un trabajo de campo (Wartime Poll: Results of an Opinion Poll Among Palestinians in the West Bank and Gaza Strip) realizado entre el 31 de octubre y el 7 de noviembre —durante la cuarta semana de guerra—. Según señala la Nota metodológica se entrevistó "cara a cara" a 668 palestinos, distribuidos proporcionalmente en Cisjordania y la Franja de Gaza. De todos los grupos socioeconómicos, garantizando una representación equitativa de hombres y mujeres adultos.
Las respuestas confirman el apoyo de la sociedad palestina al terrorismo y el odio a Israel. Preguntados por los asesinatos (ataques para el informe) del 7 de octubre, el 89% los apoya y justifica: "se llevaron a cabo en respuesta a la opresión contemporánea e histórica" y un 90% reconoce que la coexistencia "es cada vez más imposible".
La práctica totalidad de los encuestados (el 98%) afirma que "nunca olvidará ni perdonará". Aunque el informe no precisa en qué consiste esta amenaza, se infiere que los palestinos amenazan a Israel por defenderse. Es la lógica perversa del terrorista que parece compartir el presidente del Gobierno español. Hamás, a las órdenes de Irán, ha masacrado a familias enteras mientras dormían, asesinado a bebés, a ancianos en el kibutz Kfar Aza, en el kibutz Be’eri, en Re’im. Ha violado a mujeres. Quieren exterminar al pueblo judío y la calamidad del presidente Sánchez le dice a Israel que se puede defender, pero un poco, que lo tiene que hacer conforme al Derecho Internacional Humanitario. Que no está bien cercar y rendir un hospital o bombardear a los terroristas que se camuflan y viajan en vehículos sanitarios.
Si los palestinos de Hamás almacenan armamento y sitúan un centro de mando militar en los sótanos de un hospital, cesa la protección de ese establecimiento sanitario y se convierte en un objetivo militar legítimo. Así lo establece el Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949 (art. 21) y reitera el Protocolo Adicional II de 8 de junio de 1977 (art. 11): "La protección debida a los establecimientos fijos y a las unidades sanitarias móviles del Servicio de Sanidad no podrá cesar más que en el caso de que se los utilice, fuera de sus deberes humanitarios, a fin de cometer actos perjudiciales para el enemigo".
Hamás estaría cometiendo un crimen de guerra al utilizar a civiles como escudos (Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998 (art. 8 (2) (b-xxiii)), pero si los civiles voluntariamente actúan como "escudos humanos" para proteger a los terroristas, pierden su condición de civil y adquieren la de combatiente. Se convierten en objetivos militares legítimos. Así lo sentenció el Alto Tribunal de Justicia de Israel (The Public Committee v. The Government of Israel, fallo del 14 de diciembre de 2006, párr. 36, citado en: Los escudos humanos en el derecho internacional humanitario, Stéphanie Bouchié. Revista Internacional de la Cruz Roja, n.º 872) y lo precisa el art. 51-3 del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949: "Las personas civiles gozarán de la protección que confiere esta Sección, salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación".
Una sociedad que apoya casi unánimemente a los terroristas ¿por qué hay que suponer que no se presta voluntaria como "escudo humano" conocedora de que los "Sánchez" son legión y que habrá garzonazos que se agarren a ese "directamente"?
Para el presidente del Gobierno y su corte de asesores sectarios, Israel y el derecho de guerra no son más que nuevos argumentos para polarizar a la sociedad española.
AWRAD pide a los encuestados que valoren por su importancia a las partes que intervienen en el conflicto. El apoyo a las organizaciones terroristas palestinas es rotundo: las Brigadas de Al Qassam, con el 89%, son las más apreciadas, seguidas de la Jihad Islámica, con el 84%; las Brigadas de Al Aqsa, con el 80%, y Hamás, con el 76%. Lejos la Autoridad Nacional Palestina (10%) y la ONU que, pese a ser el pagano, solo se lo reconoce un 9% de los entrevistados. Desagradecidos pero pedigüeños, ya que se muestran convencidos de que la ayuda internacional aumentará.
Los asesinatos del pasado 7 de octubre son el mayor atentado sufrido por Israel en lo que va de siglo. Según los registros del Johnston's Archive (Terrorism, Counterterrorism, and Unconventional Warfare) en los últimos 23 años han muerto 2.650 israelíes y 13.074 han resultados heridos como consecuencia de ataques terroristas. De los nueve millones y medio de ciudadanos del país, unos siete millones son judíos, la misma población que la Comunidad Madrid. Ellos son el objetivo del terror. En el año que acaba fueron asesinadas por organizaciones palestinas 1.194 personas, 5.074 entre heridos y secuestrados.
Una sociedad que celebra esos asesinatos y aberraciones está enferma de odio. Es un semillero de terroristas. La izquierda de nuestro país (que no española) comparte esa enfermedad.
Destruir Israel es destruir la civilización. El comportamiento del presidente del Gobierno en su visita a un país que lucha por su existencia, su bajeza moral, nos humilla. El muro que Sánchez ha levantado para dividir a los españoles tiene una puerta con un cartel: "Reservado el derecho de admisión". Se abre a independentistas prófugos y corruptos, a filoetarras, a los restos malolientes del comunismo, a feministas castradoras intoxicadas por inhalar orgón. Ahora también son bienvenidos los terroristas de Fatah, de Hamás y sus padrinos rusos e iraníes.
No descartemos que Pedro Sánchez se proponga como mediador para resolver el conflicto político palestino. Sería en la Fundación Henry Dunant. Él llevaría de asesores a Josu Ternera y a Mikel Antza.