Puede parecer una idea brillante que la Comisión Europea ejerza como mediador en la negociación entre socialistas y populares para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En una lectura muy superficial, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, habría atrapado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en sus propias contradicciones. Ya que negocia toda clase de concesiones a sus socios separatistas en presencia de un "verificador" salvadoreño, Sánchez no disponía de mucho margen de maniobra para negarse a aceptar la condición de Feijóo de que la Comisión Europea supervise las conversaciones.
Sin embargo, con Sánchez no se puede pactar absolutamente nada mientras persista el golpe contra la democracia y la entrega de España a golpistas y terroristas. El líder socialista se ha jactado de levantar un muro contra más de media nación y en ese contexto sentarse a negociar con él es una claudicación, un error de proporciones mayúsculas, la aceptación de una derrota segura. Como primera providencia, Sánchez debería retirar inmediatamente la ley de amnistía y cancelar las comisiones parlamentarias pactadas con los separatistas para la caza de brujas contra los jueces.
Esa rectificación sería la condición imprescindible, pero no la única, para negociar con un dirigente que carece por completo de palabra, que ha hecho de la mentira compulsiva su santo y seña y que además es un especialista en tender trampas y desdecirse de sus compromisos. El cambio en la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los jueces sean quienes elijan a los jueces también debería ser previo (no en paralelo ni mucho menos a posteriori) a cualquier negociación, ya que es obvio que una vez consumado el asalto de socialistas y separatistas al CGPJ, Sánchez no tendría incentivo de ningún tipo para modificar dicha norma y despolitizar en la medida de lo posible la designación de jueces.
Que la Comisión Europea vaya a supervisar los perfiles "independientes" de los vocales no es garantía de nada porque la raíz del problema es el sistema de designación. Ahí radica la contaminación política del Poder Judicial. Por muy independientes que puedan parecer los elegidos, siempre serán sensibles a las directrices políticas de los partidos que les hayan avalado. De modo que la negociación abierta por Feijóo supone entregar el CGPJ a la izquierda y a los separatistas en un momento especialmente delicado para nuestra democracia. Los jueces se han convertido en el principal dique de contención institucional contra el asalto golpista. Negociar ahora con Sánchez la renovación del CGPJ es entregarle el órgano de gobierno de los jueces al Ejecutivo y facilitar la destrucción de la separación de poderes.
Queda en entredicho la posición de firmeza de Feijóo y su papel tanto en el Congreso como en el liderazgo de las movilizaciones ciudadanas contra el golpe sanchista. La credibilidad del líder popular queda seriamente tocada. ¿Cómo es posible que quien ejerce de ariete de la resistencia contra la liquidación de la democracia se avenga a negociar con el jefe de los golpistas? ¿Con qué cara se le dice a la sociedad española que se acepta entablar conversaciones con quien lejos de cesar en su operación de derribo de la democracia se mantiene firme en sus destructivos propósitos? ¿Qué crédito puede tener en la Unión Europea acusar a Sánchez de golpista al tiempo que se departe con él sobre el desmantelamiento del Poder Judicial y el aplastamiento de su independencia?
Feijóo debe rectificar. La mera presencia de observadores de la Unión Europea no es una garantía suficiente y aún menos cuando Sánchez no contempla en absoluto rectificar respecto a la ley de amnistía, la persecución contra los jueces y las concesiones lingüísticas, identitarias y económicas a los enemigos de España. El presidente del Gobierno ha convertido la política en una patología. Nada se puede esperar de quien es incapaz de cumplir un acuerdo que no redunde en su exclusivo beneficio, de alguien que paga sus facturas con cargo a la igualdad de los españoles y sus libertades y derechos, de quien entrega Cataluña y el País Vasco a los enemigos de la nación que han instaurado en esas regiones regímenes nacionalistas de sesgo totalitario y liberticida. Si los socios de Sánchez no son de fiar por el uso de la violencia, el desprecio a la democracia y el odio a España y a los españoles, menos aún lo es él, que ha escogido con entusiasmo semejantes compañeros de viaje.