Es completamente lógico que a quienes pretenden la voladura de nuestro ordenamiento constitucional -como los socios separatistas de investidura de Pedro Sánchez- no les haya gustado absolutamente nada el espléndido discurso navideño del Rey, prácticamente centrado en la defensa de la Constitución, de la unidad de la nación española y del respeto e independencia que merecen los distintos poderes del Estado. Lo que no es coherente, sino muestra insuperable de desfachatez, es que el PSOE de Pedro Sánchez no se dé por aludido por las palabras de Felipe VI y que, incluso, pretenda convencer a los españoles de que las palabras del monarca son, en realidad, una regañina al PP por la lamentable situación de interinidad del Consejo General del Poder Judicial que lleva más de cinco años pendiente de renovación.
Lo cierto, sin embargo, es que es la inamovible negativa del PSOE a renovar el Órgano de Gobierno de los Jueces según el procedimiento dicta literalmente el artículo 122.3 de la Constitución y reclama desde hace años la normativa europea, que exige que, al menos, la mitad de sus vocales sean elegidos entre los propios jueces y magistrados, la que ha provocado esa lamentable situación de interinidad del CGPJ; es el empecinamiento del PSOE en que todos los vocales del CGPJ sean designados por el Poder Legislativo -en abierta vulneración a la separación de poderes- lo que explica que el Órgano de Gobierno de los Jueces aun siga en funciones y lo que debería constituir una razón -una más- para que los socialistas se dieran por aludidos por el Rey en su labor de "arbitraje y moderación" que le atribuye el articulo 56 de nuestra Carta Magna.
No menos por aludido se debería dar este gobierno por las palabras del Rey cuando los acuerdos de investidura de Sánchez con los que ni se arrepienten ni renuncian al golpe de Estado de 2017 incluyen una privilegiada e inconstitucional amnistía a los que lo perpetraron; o comisiones de investigación parlamentarias que tienen la ilegal pretensión de obligar a los jueces a comparecer en el Congreso. Eso, por no hablar, entre muchas otras cosas, del caso omiso que el Gobierno y su dependiente Fiscalía General del Estado hacen de la Constitución, del propio Estatuto de Auntonomía catalán y de la Ley de Banderas, al permitir que el gobierno golpista de aquella comunidad autónoma retire la bandera de España de las dependencias interiores del Palacio de la Generalidad. A este respecto, ha tenido que ser una asociación de la sociedad civil, como Impulso Ciudadano, el que haya tenido que advertir este martes que interpondrá un recurso contencioso-administrativo en caso de que Pere Aragonés no atienda su solicitud de reponer en la bandera de España allí donde ilegalmente ha sido retirada.
Y es que si este gobierno no se da por aludido por unas leyes que -se supone- son de obligado cumplimiento, menos aun va a darse por aludido por las palabras de un Rey constitucional que, teniendo auctoritas, carece de potestas, que reina pero no gobierna, y cuya labor de arbitraje y moderación no puede ni debe alcanzar labores ejecutivas.
Aun así, a buen entendedor pocas palabras deberían bastar. Lo que sucede es que este gobierno no es un buen entendedor, sino un insuperable ejemplo de manipulación y felonía que, con tal de sostenerse en el poder, no sólo pacta y hace concesiones a los enemigos declarados de la monarquía, de la nación y de la constitución española, sino que tiene la insuperable desfachatez de hacernos creer que eso constituye, en realidad, un ejemplo de constitucionalidad y de defensa de la unidad de España equivalente a la manifestada por Felipe VI.