Solo un inconsciente con una absoluta falta de escrúpulos puede atreverse a gobernar España disponiendo su partido únicamente de 121 diputados. Sánchez nos ha embarcado en esta empresa de demolición y el precio de semejante despropósito lo vamos a empezar a pagar esta misma semana, cuando los separatistas catalanes a las órdenes de Puigdemont impongan su fielato en el parlamento de la Nación, en la votación de determinadas reformas legales de cuya aprobación depende la llegada de una nueva entrega de fondos europeos.
Sánchez ha entregado a Puigdemont la amnistía que venía exigiendo, pero eso es solo el primer pago de una factura que los socialistas han endosado a todos los españoles. Y es que el partido del fugado y, en general, el separatismo, no consideran la amnistía ilegal que se les va a conceder como una negociación cerrada y cumplida en sus propios términos, sino el primer paso de un proceso que sigue en marcha y solo culminará con la celebración de un referéndum de independencia, no sin antes haber esquilmado económicamente al resto de los españoles.
Sánchez ha entregado las llaves de la gobernabilidad de España a un personaje ridículo como Puigdemont y eso tiene un precio, como vamos a ver esta misma semana en las importantes sesiones parlamentarias que van a tener lugar en el Congreso, dedicadas a la tramitación de la ley de amnistía y, sobre todo, al debate sobre el decreto del Gobierno con determinadas medidas laborales y otras reformas pactadas con Bruselas. Una de estas últimas, la que responde a la necesidad de culminar el proceso de digitalización de la Justicia, es fundamental para el desbloqueo de una nueva entrega de fondos europeos por valor de 10.000 millones de euros, como ya hemos señalado.
Puigdemont ya ha anunciado que votará en contra de este decreto ómnibus como medida de presión para que Sánchez acelere la aplicación de la amnistía, pues conoce bien el valor de la palabra del actual presidente del Gobierno de España. La imposibilidad de arrastrar al Estado a los pies del separatismo por la vía de urgencia, como pretenden los independentistas, ha tensado las relaciones de Sánchez con sus socios de tal manera que, a día de hoy, el Gobierno no tiene garantizada la victoria en las próximas votaciones parlamentarias, salvo que el PP les entregue su apoyo.
Si finalmente fracasa el intento de aprobación de estas importantes reformas legales, de nada valdrá a Sánchez acusar a Puigdemont de deslealtad hacia todos los españoles, pues la traición a los intereses generales es, precisamente, el principal argumento electoral de toda la propaganda separatista.
Sánchez se ha sometido de buena gana al chantaje de Puigdemont y en unos pocos días veremos los primeros resultados de esta traición a todos los españoles, por más cortinas de humo que el Gobierno y sus medios afines fabriquen para tratar de disimular este estruendoso fracaso.