Vaya, vaya. La inmigración. Resulta que la Generalidad catalana se hará cargo de la inmigración en Cataluña gracias al traspaso integral de todas las competencias estatales en la materia más los recursos correspondientes. Un pelotazo a cambio de no comparecer en las votaciones de tres reales decretos. La inmigración, así, en toda su extensión, pasa del Estado a la "Generalitat de Catalunya" en virtud de un pacto entre los de Sánchez y los de Puigdemont, quienes aluden al artículo 150.2 de la Constitución: "El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado".
O sea, la inmigración en Cataluña pasa a depender en exclusiva de una administración autonómica gobernada ininterrumpidamente por partidos nacionalistas, supremacistas, xenófobos y de arraigada tradición racista y esclavista. Se dice pronto. Ha sido Junts, el partido de Puigdemont, quien le ha arrancado la competencia a un descompuesto Sánchez, capaz de trasladar el Museo del Prado a Gerona si se lo pide el prófugo.
No hará ni una semana que un grupo de alcaldes de Junts atribuía el aumento de la delincuencia en sus localidades a los inmigrantes de origen norteafricano. Pero no sólo es Junts. ERC le echó la culpa de entrada a los alumnos inmigrantes de los malos resultados del Informe PISA. Añádase al cóctel la pujanza del separatismo de extrema derecha de Aliança Catalana, un curioso invento político cuyo estratega es un primo pijo del presidente de la Generalidad. Y esto por no hablar de que para el nacionalismo catalán es igual de inmigrante una familia de Murcia que otra del Rif.
El asunto del traspaso de la inmigración presenta derivadas extraordinarias. El control de fronteras en Puertos y Aeropuertos, el papel de los Mossos, el papelón de la Guardia Civil y la Policía Nacional en extranjería, documentación, ingresos y expulsiones, detenciones, retenciones, cuarentenas, etcétera, etcétera. Estado y Generalidad tendrán que abordar de manera bilateral el reparto de menores no acompañados, si rigen iguales derechos para los extranjeros en Cataluña que en el resto de España, si pueden cruzar el Ebro sin papeles o aceptar un trabajo en Barcelona aunque vivan en Madrid. Son tantas cosas. Y el idioma, claro.
Habrá que ver además si esos grupos nacionalistas del "Volem acollir" (Queremos acoger) predican con el ejemplo ahora que podrán abrir o cerrar las puertas de Cataluña a voluntad. O si los rescatados en el Mediterráneo de Open Arms, la ONG catalana tan ponderada, atracan todos en Barcelona, como cabría suponer en el momento en el que sea un consejero nacionalista quien tenga la última palabra.
Dada la considerable importancia del traspaso de la inmigración se antoja un asunto un tanto menor que Puigdemont le haya sacado también a Sánchez una modificación sobre la modificación del punto de la Ley de Enjuiciamiento Civil que afectaba los efectos de una cuestión prejudicial en el TJUE sobre la amnistía. Hasta lo de multar a las empresas que se fueron y no han vuelto parece menos grave en comparación con el asunto de la inmigración, con la que se podría llegar a justificar la expulsión definitiva de la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Ejército de Cataluña.
Que la legislatura no iba a ser fácil para el Gobierno era harto previsible, pero que saltara la sorpresa en Las Gaunas no se esperaba hasta después de la aprobación de la ley de amnistía, de aquí a unos tres meses. Sin embargo, Puigdemont ha decidido experimentar con el mando a distancia, probar a Sánchez, ver hasta donde aguanta el presidente del Gobierno en modo piñata. El hombre del maletero quiere que todo pase por Waterloo, que le consulten los decretos y lo que no son los decretos, que le hagan la pelota, que se fotografíen con él antes de la amnistía y que le dejen comer carne de juez siempre que quiera. Las competencias de inmigración son un aperitivo suculento, un triunfo en toda regla, una auténtica humillación para el Gobierno y un paso de gigante hacia la independencia de Cataluña.